El certificado usado como licencia para enterrar a las víctimas del Yak-42 no era veraz

Desde la contratación del vuelo hasta la errónea identificación de los cadáveres no hubo un solo aspecto del caso Yak-42 que no estuviera plagado de irregularidades. También las inhumaciones. Como licencia de enterramiento se utilizó un certificado del Consulado General de España en Estambul (Turquía) según el cual la inscripción de los fallecimientos en el registro civil se hizo el 29 de mayo. Pero dicha inscripción no se cumplimentó hasta el día 30 y fue tan errática que en semanas sucesivas hubo que dejar constancia de "rectificaciones de errores" en 18 casos.

El 29 de mayo, un día después de los entierros e incineraciones de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, que se hizo cargo de los cadáveres, remitió una carta al Consulado General de España en Estambul (Turquía). "Según conversación telefónica", dice el escrito, "solicito notificación vía fax de la inscripción en ese Registro Civil de la defunción de los militares fallecidos en [el] accidente aéreo [...], para remitírselo a modo de licencia de enterramiento a los distintos ayuntamientos donde se han realizado las inhumaciones. Sería suficiente", agrega, "la certificación en un mismo documento en el que se relacionen todos los nombres de los fallecidos españoles".

Ese mismo día, el encargado de asuntos administrativos del Consulado envió a la funeraria un fax en el que certificaba "que se ha procedido a la inscripción de fallecimiento en el Registro Civil de este Consulado General de las personas que a continuación se detallan". Y agregaba la relación de nombres de los 62 militares.

Pero este documento, firmado por un funcionario público y remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Yak-42, no se corresponde con las copias del Registro Civil del Consulado de Estambul, también incorporadas al sumario. Salvo en el caso del teniente coronel Solar, todas las inscripciones de fallecimiento están fechadas el 30 de mayo.

El día 28, con los cadáveres ya en España, el cónsul general en Estambul, Raimundo Ezquerra, escribió de su puño y letra que, "debido a las circunstancias excepcionales referentes a la repatriación de los restos mortales de las víctimas del accidente aéreo [...] no se han podido cumplir todos los requisitos habituales para la obtención de la licencia de entierro"

"Posteriormente", agregaba, "tan pronto como sea posible cumplir con los citados requisitos y se cuente con los datos y documentos correspondientes, se procederá a la inscripción de las defunciones en el Registro Civil Consular y a la remisión de las copias correspondientes al Registro Civil Central".

Finalmente, las inscripciones se hicieron el 30 de mayo, pero con tan poca fortuna que, entre el 3 de junio y el 4 de julio, hubo que anotar "rectificaciones de errores" en los certificados de defunción de 18 militares. Dos inscripciones contenían dos errores cada una.

En algunos casos, se trataba de meras erratas en la fecha o el mes de nacimiento, pero muchas otras rectificaciones trataban de subsanar la anterior ausencia de datos sobre la filiación paterna de un militar o el lugar de nacimiento de otro.

Los errores en las inscripciones provocaron una demora en la concesión de las pensiones a las familias de los fallecidos y dieron lugar a una voluminosa correspondencia entre el Ministerio de Defensa y el Consulado. En un fax fechado el 3 de junio, el cónsul advertía de que sólo tres equivocaciones podían imputarse al personal administrativo de la oficina diplomática, mientras que los restantes figuraban en la lista remitida por la Agregaduría de Defensa en Ankara (Turquía).

Escarmentado por lo sucedido, el cónsul reclamó a Defensa que le remitiese los certificados de nacimiento de los fallecidos, "para evitar ulteriores rectificaciones, en el caso de que las nuevas listas contuvieran también algún error".

La documentación remitida al juzgado demuestra que la confusión en las identidades de 30 cadáveres sólo fue posible porque se incumplieron todos los requisitos legales: los restos fueron repatriados sin certificado de defunción, sin inscripción de fallecimiento y sin licencia de enterramiento. A posteriori, se intentó dar una apariencia de legalidad con certificados de muy dudoso rigor.