Una "nacionalidad histórica" con capacidad plena para convocar elecciones y nuevos derechos sociales
El acuerdo alcanzado ayer entre el PP y el PSPV-PSOE refuerza la necesidad de colaboración entre ambos partidos para modificar la legislación básica de la Comunidad Valenciana, fundamentalmente las cuestiones que atañen a la ordenación del territorio y la ley electoral. La proposición de ley de reforma del Estatuto que presentarán mañana ambos partidos en el registro de las Cortes Valencianas prevé también la homologación de la Comunidad Valenciana, que accedió al autogobierno por la vía del artículo 143 de la Constitución, a las denominadas comunidades históricas del artículo 151. Asimismo, se incluyen nuevos derechos sociales. A continuación, se detallan algunas de las principales novedades que incluye la reforma.
- Capacidad de disolución. En el nuevo texto se otorga al presidente de la Generalitat capacidad plena de disolución de las Cortes Valencianas, excepto en el primer año de gobierno o cuando se haya presentado una moción de confianza en el Parlamento autónomo. Ello supone que la Comunidad Valenciana podrá convocar elecciones autonómicas sin necesidad de hacerlas coincidir con las municipales. Este derecho no se podrá ejercer hasta la siguiente legislatura.
- Nacionalidad histórica. La reforma no tendrá que ser ratificada por referéndum, tal y como prevén los Estatutos de las autonomías que accedieron al autogobierno por el artículo 151 de la Constitución. Pero sí se establece este requisito para futuras modificaciones. El preámbulo incluye la denominación de nacionalidad histórica.
- Derechos sociales. Se recogen nuevos derechos sociales como la renta mínima de ciudadanía, se impulsan las políticas de igualdad entre hombres y mujeres -aunque no se han incluido las listas electorales paritarias- y se protege a los colectivos con minusvalías. También se demandan garantías para las personas ante los tratamientos médicos.
- Competencias. El pacto logrado no incluye un gran número de nuevas competencias. Consolida las que ya ejercía la Generalitat Valenciana -prácticamente equiparables a las autonomías del 151- por delegación del Estado e introduce la capacidad de gestión en las instalaciones aeroportuarias. También prevé el desarrollo de la policía autonómica, ya incluida en el actual Estatuto, a la que se le otorgan competencias de orden público, pero no sobre el tráfico de carreteras, que seguirá dependiendo de la Guardia Civil.
- Ley electoral. PP y PSPV refuerzan la necesidad de pactar para modificar la normativa electoral. Se establece la necesidad de contar con una mayoría de dos tercios para cambiar esta ley en el futuro. En la reforma se recorta la desproporción que existe entre población censada y número de diputados autonómicos y se mantiene la demarcación provincial. El Parlamento pasará a tener más de 99 diputados frente a los 89 actuales. Se mantiene el techo electoral del 5% que excluye a los minoritarios.
