El Estatut crea los mecanismos para lograr más competencias en Justicia y Hacienda

La reforma del Estatut pactada por el PP y el PSPV-PSOE incluye los mecanismos necesarios para asumir más competencias en Justicia y Hacienda. El acuerdo amplía la carta de derechos sociales y, sobre todo, sienta las bases para ganar en autonomía financiera porque crea un servicio tributario propio que además de gestionar los impuestos cedidos podrá, si así se acuerda a nivel del Estado, ocuparse del IRPF y el IVA. La reforma otorga carta de naturaleza a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), cuya normativa será de obligado cumplimiento para la Administración.

El acuerdo sobre la reforma del Estatut se cerró a las 18.00 de ayer, tras una intensa mañana en la que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, a través de los diputados del PP Serafín Castellano y Rafael Maluenda y del socialista Antoni Such, se intercambiaron un buen número de redacciones alternativas de los artículos 67 y 69, referidos a la financiación. "Las lanzaderas no ha parado en todo el día", confesaron en Presidencia. A las 19.00, los cinco políticos citados presentaron el pacto junto al ficus monumental ubicado en el complejo parlamentario y en recuerdo del acuerdo de 1982 de Benicàssim -que se conmemoró con la plantación de un magnolio-. Allí Camps y Pla presentaron el pacto. El primero insistió en que la reforma es de máximos pero dentro de la lealtad a la Constitución. El segundo puso el acento en la inclusión de nuevos derechos sociales y en que se garantiza la suficiencia financiera. En esencia, la reforma avanza en la consecución de más competencias, una mayor autonomía financiera, la ampliación de derechos sociales y la elaboración de consensos respecto a las señas de identidad de los valencianos.

El presidente de la Generalitat tendrá capacidad plena para disolver las Cortes Valencianas y la convocatoria posterior de elecciones. Esta reforma estatutaria no se someterá al referéndum de los ciudadanos, pero sí se tendrán que ratificar las posteriores. Populares y socialistas han acordado finalmente, aunque en términos muy genéricos, la posibilidad de que si hay un cambio en la legislación estatal el Tribunal Superior de Justicia sea la última instancia para los valencianos. También crecerá el número de diputados de los 89 actuales a un mínimo de 99, si bien no se conoce con exactitud cuál será la asignación por provincias.

Los derechos sociales de los valencianos se amplían con el nuevo texto, que tiene en cuenta las carencias hídricas de la Comunidad Valenciana y la necesidad de que el agua sea objeto de un reparto solidario. Una reivindicación de los populares, impulsada sobre todo tras la derogación del trasvase del Ebro. El catálogo de derechos se refuerza al recoger cuestiones como la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad o la renta mínima de ciudadanía para reducir los niveles de pobreza entre la población.

La creación de un servicio tributario autonómico, elemento que ha estancado la negociación durante varias semanas, significa en la práctica que, además de los tributos propios y los impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas, la Generalitat podrá, si así se acuerda a nivel del Estado, cogestionar los grandes impuestos como el IRPF, el IVA o los Impuestos especiales del alcohol o el tabaco. Por otro lado, el Estatut fija la filosofía ante una hipotética reforma del sistema de financiación autonómica para que la financiación per capita se acerque a la media.

En el capítulo de las señas de identidad se han producido escasos avances después de que ambos partidos hayan renunciado a la mención expresa de la unidad entre valenciano y catalán, si bien el pacto reconoce que la normativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua será de "obligado cumplimiento". En cualquier caso, esta normativa puede considerarse unitarista. Las leyes de más empaque como la electoral o la de comarcalización requerirán para su aprobación una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados en lugar de la actual de tres quintos.

El texto de la reforma pretende dar también un impulso al municipalismo al prever el traspaso de competencias dotadas financieramente desde la Generalitat y un fondo de compensación intermunicipal.