El Gobierno catalán retrasa hasta el mes de septiembre la aprobación del plan energético

El Gobierno catalán necesitaba tiempo para aprobar el Plan Energético de Cataluña, que incluye la polémica conexión eléctrica con Francia (línea de Bescanó), y lo tendrá. Ayer decidió someter a exposición pública el documento, con lo que las tres formaciones que apoyan al Ejecutivo dispondrán de cuatro meses para consensuar una posición, lo que se ha demostrado imposible hasta ahora. El tripartito pretende que la sociedad civil presente alegaciones a este plan, cuando el Departamento de Trabajo e Industria lo redactó tras un periodo de consulta con numerosos organismos y asociaciones ciudadanas.

El Plan Energético de Cataluña, que marca los criterios y las prioridades energéticas para las próximas décadas, ocupa cerca de 300 páginas. Pero un solo punto ha sido el detonante de la profunda división del tripartito y de un amplio revuelo ciudadano: la construcción de una línea eléctrica transfronteriza de alta tensión (400.000 voltios). El domingo unas 3.000 personas, entre ellas destacados dirigentes de Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, se manifestaron en Girona en contra de esta línea de interconexión con Francia.

Vista la experiencia de anteriores y repetidos conflictos gubernamentales, el tripartito ha optado motu proprio por que el soufflé eléctrico repose unos meses, cuatro en total. El Consell Executiu, en su reunión de ayer, no aprobó ni siquiera discutió este voluminoso y controvertido plan. Sencillamente porque "no existe" y el Ejecutivo "no tiene una opinión" sobre él. Eso dijo, al menos, el primer consejero, el republicano Josep Bargalló, aunque el consejero portavoz, Joaquim Nadal, admitió que estas afirmaciones podrían dar lugar a "cierta confusión".

El Gobierno catalán quiere conocer qué opinión les merece a los ciudadanos este plan. Para ello, lo someterá a exposición pública dos meses -junio y julio-, durante los cuales sindicatos, ecologistas, patronales, empresas, asociaciones de todo tipo y hasta el ciudadano de a pie podrán enmendarlo. En agosto, el Departamento de Industria y el de Medio Ambiente estudiarán las alegaciones. Volverán a redactar el documento con las aportaciones que crean oportunas y, en principio, el Gobierno dará su visto bueno en septiembre. Los partidos políticos no tendrán oportunidad de discutirlo en el Parlament, sino que deberán exponer sus posiciones en el periodo de alegaciones.

Lo sorprendente de la decisión del Consell Executiu de ayer es que el proceso de consulta pública al que tanto aludió Josep Bargalló, con vistas a la "participación ciudadana", ya se ha llevado a cabo. Fuentes del Departamento de Trabajo aseguraron que en la elaboración del documento, además de contar con la participación del Departamento de Medio Ambiente, que dirige el consejero en liza, el ecosocialista Salvador Milà, se ha venido trabajando "desde hace meses" con la colaboración de varias instituciones y entidades; a saber: los agentes sociales (sindicatos y empresarios), grupos de ecologistas, colegios profesionales, ayuntamientos y consejos comarcales, entre otros. Es más, la participación de muchos de ellos no se ha limitado a recibir las propuestas de la Generalitat para posteriores alegaciones, sino que el departamento de Josep Maria Rañé ha efectuado varias consultas preparatorias.

O sea que el Gobierno catalán quiere asegurarse ahora de que el documento incluirá opiniones y aportaciones de todo tipo, y evitar "imponer", en palabras de Nadal, este plan. Aunque él mismo lo rechazó al preguntársele por esta cuestión, el Ejecutivo no quiere encontrarse con una oposición ciudadana que le obligue a corregir o simplemente a retirar el plan, como le ocurrió a Convergència i Unió con el de residuos.

El republicano Joan Ridao dio muestras ayer de las discrepancias existentes en el tripartito sobre el plan energético. Dijo que Esquerra Republicana se mantiene al margen, pues el documento ha sido redactado por dos departamentos ajenos a su formación, el de Trabajo, que dirige el Partit dels Socialistes, y el de Medio Ambiente, al frente del cual está Iniciativa. El ecosocialista Joan Boada, cuya formación había pedido un aplazamiento de cuatro meses, añadió que el Gobierno podría aprobar el plan a finales de año, cuando la intención es hacerlo en septiembre.

CiU, por boca de su parlamentario Oriol Pujol, consideró una "auténtica vergüenza" posponer otra vez el documento y lamentó que sea el ministro de Industria, José Montilla, quien "marque la política energética" de Cataluña.