La Fiscalía llama a los abogados y notarios a cumplir las normas de prevención del blanqueo

La Operación Ballena Blanca, en la que fueron detenidos abogados y notarios, puso de relieve lo cerca que los profesionales del derecho pueden estar de las operaciones de lavado de capitales. Precisamente, el nuevo reglamento de prevención del blanqueo, que entró en vigor hace un mes, obliga a estos profesionales a comunicar las actividades sospechosas de sus clientes, lo que ha generado dudas entre los letrados por la posible colisión con el secreto profesional. El fiscal jefe Antidroga, Javier Zaragoza, insistió ayer en que abogados, procuradores y notarios han de cumplir la ley.

"Lo que tienen que hacer quienes realicen funciones de asesoramiento económico y de intermediación financiera para clientes es cumplir con las obligaciones establecidas en el marco de prevención del blanqueo, sean abogados, notarios, procuradores, contables, auditores o asesores fiscales. Hay que cumplir con las normas", explicó Zaragoza a la prensa. "Y no se puede alegar el secreto profesional cuando se trata de actividades de asesoramiento económico y financiero. El secreto profesional tiene otro ámbito de actuación completamente distinto", remachó el fiscal, que representa al Ministerio Público en la comisión de prevención del blanqueo de capitales del Banco de España.

Zaragoza, que participó ayer en unas jornadas sobre el blanqueo en Europa, organizadas por el Colegio de Abogados de Málaga y la Academia de Derecho Europeo, calificó de "excepciones" los casos en los que letrados se ven implicados en procesos penales por delitos de naturaleza socioeconómica, y negó que hasta ahora haya existido cierta laxitud por parte de determinados profesionales. Pero recordó que antes de la existencia de una normativa contra el blanqueo, se han dictado condenas por dicho delito contra abogados, atendiendo a las reglas generales del Código Penal.

Sin embargo, la aplicación del reglamento, que incorpora a letrados y procuradores entre los sujetos obligados, y cambia las exigencias para los notarios, deja "zonas grises", en opinión del decano del Colegio de Abogados, Nielson Sánchez Stewart, que debatió con Zaragoza. Queda claro que los letrados que se dediquen al asesoramiento jurídico con miras a la defensa en un proceso tienen el privilegio del secreto profesional. Y que los que se dediquen al asesoramiento empresarial han de colaborar con el servicio ejecutivo de prevención del blanqueo, junto con otras obligaciones, como identificar a los clientes, examinar las operaciones o conservar los documentos relativos a una operación. "Pero hay una zona intermedia, en la que no nos dedicamos a una cosa ni a otra, sino al asesoramiento jurídico de actividades empresariales", dijo Sánchez Stewart. "¿Cómo se establece esa línea divisoria?".

Otro problema, según el decano, es que las normas son "subjetivas y relativas", es decir, que se exige a los abogados que informen cuando existan "indicios o sospechas", algo que queda a la apreciación de cada uno. Para Zaragoza, en cambio, "la ley española y la directiva comunitaria son suficientemente explícitas y claras. Definen una serie de operaciones y actividades que un abogado puede ejercer, pero en determinadas condiciones o circunstancias tiene que dar cuenta a las autoridades". "Los profesionales del mundo del derecho, con cumplir las normas que se establecen en el sistema de prevención es suficiente, no se les pide más. Si no se cumple es cuando vienen los problemas, las responsabilidades administrativas o penales", recalcó.

El fiscal jefe Antidroga hizo también referencia a los paraísos fiscales, que en su opinión suponen "un paso atrás, una rémora para luchar contra la delincuencia organizada y para hacer frente de manera adecuada al blanqueo de capitales". Zaragoza abogó por la desaparición de regímenes fiscales como el de Gibraltar, para lo cual es necesario, además de voluntad política, que "la cooperación judicial sea realmente efectiva, total y plena".