Interior afirma en el Senado que necesita el suelo de la vieja cárcel de Carabanchel para hacer nuevas prisiones

El Gobierno central necesita los terrenos de la vieja cárcel de Carabanchel (en desuso desde 2000) para pagar las cuatro nuevas prisiones que están en proyecto o en construcción para aliviar la ocupación de los centros penitenciarios en uso, donde conviven 60.000 presos. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, le explicó ayer al senador del Grupo Mixto Eduardo Cuenca Cañizares que la intención del Gobierno es cumplir los acuerdos suscritos en 2003 con el Ayuntamiento de la capital, en los que está prevista la construcción de 1.200 pisos, además de equipamientos sociales. Con el dinero que ingresaría Patrimonio del Estado, se sufragarían las nuevas penitenciarías. "Hay que conjugar ambos aspectos", explicó el ministro.

Alonso contestó a una pregunta del senador Cuenca sobre "los planes concretos del Gobierno ante el inminente proceso de desafectación de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel". Los grupos municipales de PP e IU acordaron el pasado 28 de abril pedir al Gobierno central la cesión de los terrenos de dicha prisión para construir sólo equipamientos sociales.

Esa petición, que fue aprobada con la abstención del PSOE, "no es del todo razonable", según Alonso, para quien lo adecuado es cumplir los acuerdos de 2003. Éstos prevén garantizar "la continuidad de uso que tienen actualmente asignados el hospital general y la antigua unidad de madres y suponían una mejora de los espacios destinados a dotaciones y terrenos de uso público, en los que también estaba previsto un uso residencial", subrayó Alonso. Según él, esta combinación "es razonable para ambas partes".

Cuenca recordó al ministro que el PSOE se opuso a que se autorizara la construcción de 1.200 viviendas de renta libre en los terrenos de la antigua cárcel. Subrayó que los distritos de Carabanchel y Latina, con casi medio millón de vecinos, necesitan los equipamientos sociales que ha pedido el Ayuntamiento. Cuenca recordó que es una demanda que "costó mucho tiempo de iniciativas suyas y nuestras" y que hoy "es una reivindicación del tejido asociativo".