Magdalena Álvarez garantiza la viabilidad financiera de la empresa pública en el nuevo mercado liberalizado

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, afirmó ayer que el plan estratégico de Renfe tiene, desde su inicio, un "objetivo básico": lograr una mejora perceptible del servicio que presta la compañía y un mejor resultado financiero que garantice la eficacia de Renfe y su viabilidad sin olvidar el carácter de empresa pública de calidad. Así lo manifestó la ministra durante la presentación del programa estratégico, a la que también asistió el presidente de Renfe, José Salgueiro.

El plan estratégico de Renfe para los próximos cinco años es, según la ministra, la apuesta que el Gobierno ha realizado por el ferrocarril, tal y como se prevé en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). Este macroprograma calcula una inversión para el ferrocarril de prácticamente el 60% de los 240.000 millones de euros del total del plan de infraestructuras, que estará en vigor hasta 2020 y que también contempla la construcción de nuevas carreteras, aeropuertos, puertos y otras obras públicas.

La ministra de Fomento indicó que las inversiones que se realizarán garantizan el transporte público hasta 2009. También reprochó Álvarez a su antecesor en el cargo, Francisco Álvarez-Cascos, que se centrara sobre todo en la alta velocidad, en detrimento del transporte ferroviario de mercancías, una estrategia que ha congestionado las carreteras. El plan de desarrollo del ferrocarril, dijo la ministra ayer, servirá para descongestionar las vías y evitar atascos, como los registrados en el puente del Primero de Mayo.

Renfe tendrá que competir ahora con otras empresas en el negocio de las mercancías, que se abrió a la competencia en enero pasado. Varias empresas han solicitado ya una licencia a Fomento para operar. El transporte de pasajeros no se liberalizará hasta 2010, según la normativa establecida en el conjunto de la Unión Europea.

La ministra de Fomento recordó la decisión del Gobierno de asumir la deuda histórica de Renfe para permitir su viabilidad financiera futura. Tras la operación, la compañía empezó el año con una deuda de 1.379 millones de euros, frente a los 7.255 millones de euros que tenía antes.