Vecinos de El Cabanyal impiden el derribo de dos edificios ordenado por el Ayuntamiento de Valencia

Las casas del barrio valenciano de El Cabanyal afectadas por el plan para abrir la avenida de Blasco Ibáñez no serán derribadas, al menos de momento. Medio centenar de miembros de Salvem El Cabanyal se concentraron durante la mañana de ayer en la calle de Escalante para intentar impedir la demolición de dos inmuebles del entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y exigir que los trabajos se paralicen hasta que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia se pronuncie definitivamente sobre la suspensión cautelar que decretó para una de las casas afectadas en el barrio y la ampliación del recurso contra las licencias para tirar otros nueve edificios más. "Es una provocación y pretenden que esto se radicalice", afirmó el portavoz de Salvem El Cabanyal, Faustino Villora, quien recordó que el Tribunal Supremo aún no ha decidido si acepta la queja del colectivo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que ampara el plan impulsado por la alcaldesa, Rita Barberá. El TSJ considera que su fallo es firme.

Miembros de la plataforma entraron en uno de los edificios, casi vaciado por dentro, y anunciaron a los obreros que entrarían más vecinos, por lo que estos dejaron su tarea. Un grupo de jóvenes ocupó el segundo edificio "de motu propio", recalcó Villora. Transcurrida una hora, los trabajadores enviados por la empresa municipal Aumsa, encargada del plan de El Cabanyal, abandonaron la zona tras hablar con los representantes de Salvem El Cabanyal, que les explicaron que no podían localizar a la juez ayer para pedir la paralización urgente de estos derribos. En cuanto se marcharon, se disolvió la concentración, vigilada por la policía.

El concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, del PP, anunció horas después que denunciará los hechos. Para Grau, la concentración supone "una falta de respeto al estado de derecho". El concejal acusó a la plataforma de recurrir "al uso de la violencia como argumento" y a la "coacción" para impedir los derribos, y consideró "sospechosa" la presencia de ediles de la oposición. El responsable de Grandes Proyectos rechazó de nuevo que la suspensión cautelar decidida por una juez para el número 181 de la calle del Progreso sea extensiva al resto de licencias. El Ayuntamiento no continuará de momento con los derribos para no caer "en la provocación", según Grau, quien lanzó este aviso: "No vamos a enviar a las fuerzas públicas hasta que lo determine un juez, aunque esto no significa que se vaya a renunciar en lo más mínimo a continuar adelante con el Plan de El Cabanyal". Villora respondió por la tarde que no hubo "ningún tipo de violencia".