El Gobierno interrumpe el diálogo con los huelguistas

Tras casi dos semanas de titubeos, las autoridades marroquíes se han esforzado, aparentemente, por romper una huelga masiva que constituye un auténtico desafío al régimen. La muerte, en circunstancias controvertidas, el martes pasado, de Khalid Boukri, de 28 años, encarcelado en el penal de Outita II, movió al Ministerio de Justicia a hacer concesiones.

Delegaciones de fiscales y funcionarios de la administración penitenciaria se entrevistaron con los huelguistas al tiempo que el titular de Justicia, Mohamed Buzubaa, declaraba: "El diálogo es la mejor solución". Prueba de esa relativa mansedumbre fueron los escasos intentos de los funcionarios de prisiones de requisar a los islamistas sus teléfonos móviles, con los que comunicaban sus reivindicaciones al exterior, que ayer quedaron cortados.

"Aquella reunión [con la delegación] fue positiva pero, en contra de lo prometido, no volvieron después para continuar la discusión", se lamenta Mohamed Fizazi, uno de los reos que capitanean la huelga.

Antes de que estallase la protesta, las autoridades estaban dándole vueltas a cómo llevar a cabo la revisión de centenares de juicios expeditivos, celebrados cuando aún no había secado la sangre derramada en Casablanca, sin desautorizar a la justicia. El indulto real, en abril, de 39 presos islamistas parecía ser un primer gesto.

"Si no cambian de actitud va a morir mucha gente". Abderrahim Mouhtad, presidente de Ennassir, una asociación de ayuda a los presos islamistas, se declaraba ayer muy preocupado. En la madrugada del sábado, gendarmes y policías irrumpieron en las celdas de los huelguistas de hambre, en una docena de cárceles, y, según Mouhtad, "golpearon a muchos de ellos para obligarles a ingerir alimentos".

"A los que estaban peor", proseguía, "les arrastraron a la fuerza hasta vehículos que les llevaron a los hospitales y otros a los que consideraban como coordinadores les trasladaban a otras cárceles".