Reformas

Para otoño se anuncia una reforma en la Ley General del Poder Judicial. Si la reforma se lleva a cabo, en el sentido anunciado por el presidente de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pasará a ser la última instancia. El Tribunal Supremo quedará como garante de unificación de doctrina entre los distintos tribunales autonómicos. Es razonable el cambio. Las comunidades tienen, ejercen y amplían sus competencias legislativas. No se puede exigir que el Tribunal Supremo en Madrid conozca en profundidad las leyes de todas y cada una de las autonomías. Tendremos mayor seguridad jurídica si se interpretan y aplican por el tribunal autonómico. Los tiempos mandan. Sin embargo, la reforma es compleja. Una situación judicial no cambiará, ni será más eficaz, por la sola incorporación de determinados artículos a la LOPJ. Su eficacia depende de que se recorran y se analicen los efectos de la reforma en distintos ámbitos.

Andalucía cuenta con un Tribunal Superior disperso y atomizado. Hay salas en Granada, Málaga y Sevilla. No está concentrado. La falta de concentración, entre otras causas, puede dificultar la unidad de criterio judicial y hacerle perder su condición de última instancia. Podría dar lugar a recursos casacionales para la unificación no ya, entre distintas comunidades, sino dentro de la propia comunidad. Absurdo. Casi tanto como que el CGPJ sea quien siga nombrando los cargos judiciales en las distintas comunidades. El Consejo, hoy, es un órgano político de control. Sus miembros responden a las distintas corrientes políticas. Los nombramientos judiciales van en esta línea. Son nuncios. Mensajeros de quienes les han nombrado. Ejercen de facto un control político sobre el Gobierno. Se han transformado en valedores de ideas políticas de otros. No es su función.

En éstas, y con estas condiciones, no parece que sea el mejor órgano para nombrar los cargos de las comunidades. Más con la reforma que se anuncia. Los parlamentos deberían tener más relevancia en estos nombramientos. La Justicia emana del pueblo. El Parlamento lo representa. Se anuncian reformas. La Constitución está aguardando. El Estatuto de Autonomía también. Que, real y eficazmente, Andalucía cuente con un Tribunal que sea su última instancia ordinaria.