La Comunidad culpa a Interior de los problemas de Villaverde

El vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, aseguró ayer que los ataques a inmigrantes ocurridos en Villaverde tras el asesinato de un español de 17 años a manos de un joven dominicano de 19 son sólo "un problema de orden público, de seguridad ciudadana". Sin embargo, la madre del menor asesinado va más allá e insistió ayer en que "influyen factores socioeconómicos, educativos y la masificación de inmigrantes" en el aumento de la delincuencia en este distrito. González responsabilizó directamente al Ministerio del Interior y a la delegación del Gobierno.

En su discurso de investidura, en noviembre de 2003, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que es necesario "garantizar la seguridad ciudadana como una de las condiciones fundamentales para la correcta y deseada integración de muchos inmigrantes que han llegado a nuestra región". En ese mismo discurso, Aguirre afirmó con determinación que su Gobierno no iba a "escudarse en el actual reparto de competencias para eludir la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en esta materia".

"A los ciudadanos no se les puede explicar que la seguridad ciudadana es materia de tal o cual Administración. Ellos pagan sus impuestos para que se les garantice la seguridad y ellos eligen a sus representantes, nos eligen a nosotros para que les garanticemos esa seguridad. (...) La obligación que tenemos todos los poderes públicos en esta materia es fundamental", continuó Aguirre.

Su vicepresidente primero, Ignacio González, parece opinar lo contrario. Ayer responsabilizó a Interior y a la Delegación del Gobierno de los disturbios ocurridos en Villaverde. González aseguró: "En el ámbito de nuestras competencias, estamos trabajando en Villaverde con inversiones en infraestructuras, equipamientos sanitarios y educativos, además de en el metro". A su juicio, el problema que ha habido en Villaverde es de "orden público, de seguridad ciudadana".

En 1997, una protesta vecinal contra el tráfico de drogas en este barrio del sur terminó en una batalla campal de tales dimensiones que obligó al anterior presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, a invertir 12 millones de euros en el llamado Plan Villaverde, con el objetivo de recuperar el distrito desde el punto de vista socioeconómico.