_
_
_
_

Lamela critica al ministerio por prohibir espacios para fumadores en el trabajo

Sanidad quiere que 200.000 personas dejen el tabaco antes de 2007

Oriol Güell

El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, arremetió ayer contra la Ley de Prevención del Tabaquismo del Gobierno central y la tachó de "inconstitucional" y basada en la "sanción y la imposición" en lugar de "la información y convicción a los ciudadanos". Lamela criticó que se prohíba crear espacios cerrados para fumadores en las empresas en lugar de que esto sea objeto de la negociación laboral.

El consejero de Sanidad hizo estas declaraciones en la presentación del Plan Regional de Prevención del Tabaquismo, que prevé una inversión de 6,5 millones de euros (financiados por el Gobierno central) y tiene el objetivo de que 200.000 madrileños dejen de fumar antes de que termine el año 2007.

Lamela criticó que la ley de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, impide crear zonas para fumadores en las empresas y sólo deja la opción de salir a la calle para prender un pitillo. A partir del 1 de enero de 2006, el trabajador que no lo haga se expone a una sanción de 30 euros y la empresa que lo permita a otra de entre 600 y 10.000 euros. Lamela cree que esta política de "persecución al fumador no es la adecuada".

"La ley del Gobierno central requiere una revisión", explicó Lamela, que criticó que el texto no haya sido consensuado con las comunidades autónomas del PP. "Está en trámite parlamentario y estamos a tiempo de mejorarla con enmiendas", añadió. Para el consejero de Sanidad, la ley de Salgado está basada en "la imposición y la sanción" en lugar de "la política más adecuada de información, convicción y formación" a los ciudadanos.

Además, Lamela cree que la ley estatal puede ser "inconstitucional porque invade competencias de las comunidades autónomas" en referencia a que impone a éstas (competentes en materia de consumo) el grueso de las labores de inspección y control del cumplimiento de la ley.

Sin embargo, Lamela se mostró convencido de que las autoridades deben seguir actuando contra el tabaco por los enormes costes económicos y sociales que causa. El consumo de tabaco mata cada año en la región a 6.000 personas, la primera causa de mortalidad evitable, y produce directa o indirectamente 25 enfermedades. La atención a estos enfermos cuesta al año unos 1.200 millones de euros a la Comunidad, según Lamela.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

El Plan Regional de Prevención del Tabaquismo está articulado en tres estrategias principales. La primera es la prevención al consumo, que se hará "desde los centros escolares" y está destinada a reducir el número de fumadores entre los 15 y los 19 años. Las campañas de concienciación a los jóvenes también pretenden retrasar la edad de inicio al consumo de tabaco.

El segundo pilar del plan recibe el nombre de Programa de Atención al Fumador y tiene el objetivo de aumentar el número de personas jóvenes y adultas que dejan de fumar. Este plan prevé ampliar las unidades especializadas en tabaquismo en la región. Actualmente sólo hay una, situada en la calle de los Hermanos García Noblejas. También serán formados 1.300 profesionales sanitarios al año para que, desde hospitales y centros de salud, promuevan el abandono del tabaco entre los ciudadanos.

La tercera y última gran estrategia del plan tiene el nombre de Programa de Protección de la Salud y su objetivo es "reducir la contaminación del aire por tabaco en el entorno". Las medidas de este programa son campañas de información pública y el desarrollo de espacios libres de humo en todos los ámbitos sanitarios, escolares, laborales y sociales.

Parches sólo para funcionarios

El Plan Regional de Prevención del Tabaquismo prevé dispensar parches de nicotina y otros fármacos sin coste para fumadores que quieran dejar el hábito. Pero sólo para algunos: los funcionarios que trabajen en la sanidad, en la educación o en atención al público.

El resto de ciudadanos que quieran dejar de fumar deberán pagar los parches de su bolsillo. El tratamiento completo dura tres meses y cuesta más de 200 euros. Según Lamela, ésta es la decisión tomada por el Gobierno central y las comunidades en el último Consejo Interterritorial de Sanidad.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_