Luz de alerta

La muerte de un joven español por otro dominicano el pasado día 2 en el distrito madrileño de Villaverde ha desatado brotes de violencia xenófoba y el pánico entre los residentes extranjeros, que representan el 18% de una población de 144.000 habitantes. La Asamblea de la Comunidad de Madrid repudió ayer los sucesos y pidió más recursos para la integración social poco antes de que se celebrara una manifestación en este barrio del sur de la capital. La presencia policial se ha reforzado y se creará una comisaría de distrito. Son gestos necesarios para calmar los ánimos, pero serán sólo paños calientes si no se ponen remedios concretos, no sólo para la integración, sino para el desarrollo de ésta y otras zonas deprimidas del país.

Villaverde es un caso paradigmático de los peligros potenciales que acompañan la llegada de inmigrantes cuando no se acometen políticas sociales urgentes de educación, sanidad o vivienda. Son políticas, de otra parte, que deben beneficiarse por igual tanto oriundos como extranjeros. El distrito tiene una de las rentas per cápita más bajas y una de las tasas de desempleo más altas de la región madrileña, los centros educativos están al límite de su capacidad, escasean las viviendas sociales, la sanidad está mal atendida, el metro no llega, la criminalidad no decrece y no abunda la vigilancia policial. Sería injusto y absurdo concluir que todos esos males los ha traído la inmigración. De esas carencias no pueden ser responsables quienes se ven obligados a abandonar su país en busca de una vida mejor. Evidentemente, el crimen es execrable y su autor tiene que ser castigado. Está claro también que debe aumentar la vigilancia policial para acabar con el matonismo pandillero de algunos adolescentes, sean o no extranjeros, y de las bandas nazis que han emergido por el barrio instando a la caza del inmigrante. Pero eso no basta. "Hay que pasar de la inversión en el ladrillo a un plan de inversión social", ha dicho correctamente el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo.

España está viviendo una de las mayores revoluciones demográficas de su historia gracias a la inmigración. En sí es un fenómeno positivo, pues ayuda al crecimiento económico y a una apertura cultural, pero se trata de un enorme reto si no se aplican políticas de cohesión e integración. El recién concluido proceso de regularización, del que se han beneficiado 700.000 personas, va a suponer mayores ingresos a la Seguridad Social. Justo y coherente con su filosofía sería que un Gobierno socialista como el actual destinara algo de ello a incrementar el raquítico Fondo de Integración de los Inmigrantes (120 millones de euros), a todas luces insuficiente para propiciar una mejor convivencia y tolerancia.