Los populares subrayan que el Pacto permite incorporaciones, pero no cambios

El PP rechaza rotundamente cualquier modificación en la literalidad del Pacto Antiterrorista, firmado con el PSOE el 8 de diciembre de 2000, y subraya que el punto 10 de ese acuerdo ya prevé la incorporación de "las demás fuerzas democráticas" que estén dispuestas a "compartir los principios y la política" antiterrorista en él incluidos.

El PP defiende la vigencia del texto íntegro del acuerdo, también de su preámbulo, e invita a que se sume quien quiera pero, sobre todo, que "los firmantes lo cumplan de forma estricta". Destaca tres afirmaciones de ese preámbulo que ahora, a juicio de ese partido, estaría incumpliendo el Gobierno. La primera es que, según el PP, no se han "utilizado todos los medios del Estado de derecho" para intentar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en sus siglas en euskera), pese al patrocinio de Batasuna. La segunda es que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "se ha dejado convencer por [el lehendakari, Juan José] Ibarretxe sobre cuál es la adecuada política contra ETA, sin que éste haya renunciado a su plan secesionista". Y la tercera consistiría en que el PSOE habría abandonado, en las elecciones vascas, la defensa de la Constitución y el Estatuto de Gernika "como espacio de encuentro de todos los vascos".

"Cantos vacíos de paz"

El PP mantiene que también el articulado del acuerdo ha sido incumplido por el Gobierno. Su punto 2 afirma que "el único déficit democrático que sufre la sociedad vasca, el verdadero conflicto", es ETA, por lo que los firmantes se comprometieron a que esa violencia no permita "extraer rédito político alguno". Ahora, según Eduardo Zaplana, su portavoz en el Congreso, "ha decaído el interés por combatir" a ETA y su entorno, pues el presidente "se conforma con cantos vacíos de proceso de diálogo y de paz". Las mesas de diálogo, según el PP, incumplen el punto 3 del Pacto si pretenden participar en ellas grupos que no han condenado la violencia de ETA, como EHAK, y menos aún si incluyeran a Batasuna, "ilegal por ser ETA".

Tampoco tiene sentido, según el PP, abrir expectativas de medidas a favor de los presos de ETA si ésta renuncia a la violencia, pues eso está previsto en el punto 5: "La política penitenciaria contemplará las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización terrorista".

Los populares denuncian asimismo el incumplimiento del punto 9, "que implica intercambio de información" y también "la búsqueda de posiciones conjuntas" en estos temas. Zaplana enmarcó en este punto que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, vaya a informar a la Comisión de Secretos Oficiales de por qué no se ha instado a la ilegalización de EHAK y "negara al PP seis peticiones de convocatoria del Pacto para tratar este asunto".