El TSJ anula al Consell toda la reclasificación del monte Benacantil

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano puso ayer fin con una sentencia a la tensión urbanística que sufre el monte Benacantil desde hace más de un lustro, cuando el gobierno local y la administración autonómica iniciaron la recalificaron de una ladera de la emblemática montaña alicantina para construir un palacio de congresos. El fallo del TSJ, que no es firme, anula la reclasificación y ordena expresamente que se proteja la zona donde iba a edificarse el palacio. Hasta cinco acuerdos del Consell y del Ayuntamiento, tres de ellos normativos, anula el fallo judicial.

El fallo resalta que el palacio interferiría en la imagen paisajística del Castillo

La sentencia de Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, de la que ha sido ponente Fernando Nieto Martín, es compartida por sus 15 magistrados y su presidente, José Díaz Delgado. Con el fallo hecho público ayer se resuelven un total de nueve recursos contra la reclasificación del monte Benacantil que promovió el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP para poder construir en su ladera oeste un palacio de congresos. Los recursos fueron presentados por los dos grupos de la oposición municipal, PSPV y EU, por el colectivo Salvem el Benacantil y por el arquitecto Manuel Ayús.

En concreto, la Sala anula un acuerdo de 15 de septiembre de 2000 del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el que se aprobó de forma definitiva una modificación del Plan General de Alicante (el artículo 1001 de las normas urbanísticas) para autorizar la construcción de un palacio de congresos en la ladera oeste del monte Benacantil. El fallo también deja sin efecto una resolución de abril de 1999 del director general de Patrimonio Artístico que autorizó el desarrollo de un proyecto básico de palacio de congresos en el lugar antes indicado.

La sentencia anula igualmente el acuerdo municipal de enero de 2001 que aprobó el proyecto de ejecución del palacio de congresos, y deja sin efecto varios preceptos normativos de un plan especial que la administración local redactó con la intención de encajar el palacio en el monte sin contravenir la legislación en materia de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) que corona la montaña, el Castillo de Santa Bárbara. El TSJ anula varios de los artículos de ese plan especial y ordena, expresamente, la modificación de uno de sus apartados, para que la zona donde iba a construirse el palacio quede sujeta a una protección de tipo paisajístico de uso como parque público.

El Alto Tribunal entiende que cualquier construcción en la ladera oeste del monte dañaría la silueta paisajística característica del Castillo de Santa Bárbara. Y estima que con la prueba practicada en autos de exhibición de imágenes, se ha demostrado la relevancia de la interferencia visual que una edificación situada en el borde de la Avenida Jaime II de Alicante, en la ladera del Benacantil, tiene para la contemplación de las murallas y del propio Castillo de Santa Bárbara, "al anular de forma plena la perspectiva de este monumento".

El TSJ considera que las administraciones debían de haber aportado más pruebas a la causa, e insiste en que los datos visuales le llevan a la "convicción" de que la construcción de un palacio de congresos de nueve plantas, con una altura máxima de cornisa de 29 metros y situado 20 metros por debajo del punto superior de la muralla de Poniente del Castillo interferirá "de modo indudable" en la imagen arquitectónica y paisajística del BIC. Y no cree que las limitaciones establecidas posteriormente (2002) por Patrimonio sean "suficientes" para excluir daños en el BIC.

Sobre el Plan de Protección Especial, la sentencia afirma que la Administración "no puede decidir de forma libérrima" si los edificios o usos de suelo proyectados alteran el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, o perturban la contemplación BIC protegido. "El Ayuntamiento puede optar por diversos usos de suelo y distintas tipologías edificatorias", pero "lo que no puede es decidir, sin restricciones pautadas por el Derecho, que estas tipologías son incapaces de alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona".

El TSJ destaca que el Castillo "es el monumento más importante de la ciudad y el mayor icono visual de esta población", lo que exige "una dosis elevada de esfuerzos" en el análisis de la situación que se generará mediante la construcción en la zona.

En defensa de su proyecto, el Ayuntamiento alegó que el Plan Especial de Protección respetó la "totalidad de los hitos o pasos normativos" que le imponía el ordenamiento y que la "piedra angular" de la regulación normativa era precisamente la protección de la silueta urbana del Castillo. La Generalitat argumentó que el Plan disponía de un informe técnico favorable de la Administración pública, que es la competente para "decretar cuál debe ser la vinculación entre esta figura normativa y las prescripciones jurídicas que garantizan que no se produzca ningún daño de la intervención urbanística en el entorno de los BIC".