800 vecinos del Carmel firman el acuerdo con la Generalitat

Los abogados de 800 afectados por los desalojos del Carmel firmaron ayer con la Generalitat el convenio marco que fija las condiciones de retorno y las compensaciones económicas que recibirá cada vecino. La firma facilita la puesta en marcha del proceso de retorno, que se prevé para finales de este mes. Los vecinos deberán ahora adherirse de forma individual al acuerdo.

Los letrados y la Generalitat firmaron ayer el convenio definitivo que fija las condiciones generales de regreso, tras dos meses de negociaciones entre las partes. Ahora la Generalitat deberá adaptar el acuerdo a los casos particulares de cada familia y, por ejemplo, procurar un piso a los que quieran trasladarse a otra vivienda. Los vecinos tendrán un plazo de seis meses para decidirse, pero el abogado Juan Antequera anticipó que siete familias ya lo han solicitado y otras seis se acogerán a esta posibilidad "por causas psicológicas".

Antequera explicó que, según lo acordado, los retornos empezarán a finales de este mes. "Cuando un vecino vuelva a su casa, la Generalitat tendrá un plazo máximo de una semana para pagar las indemnizaciones", aseguró. Las compensaciones serán finalmente de un pago único de 10.000 euros por persona, cantidad que cubrirá todos los daños -incluidos los morales- a excepción de los desperfectos que hayan podido sufrir los edificios. Los que residían en inmuebles que deben ser recimentados podrán quedarse en los hoteles y cobrar una mensualidad de 500 euros, que pasará a ser de 600 euros a partir del quinto mes fuera de casa.

La Generalitat también se compromete a garantizar la seguridad de los pisos durante 15 años y a efectuar como mínimo tres inspecciones: una a los seis meses, otra a los dos años y la última al cabo de cinco años desde la emisión de los certificados de estabilidad del edificio.

Uno de los puntos en los que los representantes de los vecinos y la Administración emplearon más tiempo fue en hallar una fórmula para cubrir una hipotética pérdida de valor de mercado de los inmuebles ubicados en la zona afectada por los hundimientos. La Generalitat se comprometió finalmente a adquirir las viviendas si en el plazo de tres meses los propietarios no hallan un comprador que haga una oferta razonable, que se determinará a partir del valor que tenía cada piso antes de los socavones y se actualizará de forma periódica de acuerdo con la revalorización de las viviendas de segunda mano en Barcelona. Los propietarios podrán acogerse a esta posibilidad durante los seis años siguientes a la puesta en marcha de la ampliación de la línea del metro en el barrio.

La Asociación de Vecinos del Carmel, que representa a las cerca de 200 personas que han optado por no contratar a un abogado, se reunirá hoy con la Generalitat para adherirse al convenio, una vez incorporadas a éste las enmiendas que presentaron. Si los abogados se preocuparon sobre todo por las cuestiones económicas y de seguridad, la entidad reclamó ventajas sociales para el barrio, como la renovación de fachadas y la instalación de ascensores y de banda ancha.