Cien mil razones más para trabajar por el futuro

El día 7 de mayo ha culminado una de las promesas de José Luis Rodríguez Zapatero: regularizar lo irregular, reconocer los derechos de quien tiene derecho.

Ha sido un proceso extraordinario de normalización de personas inmigrantes en el que han participado casi 600.000 personas en toda España. Por cantidad, pero también por calidad, supone el programa de política social de creación de oportunidades más amplio de los últimos quince años. Para encontrar un proyecto de repercusión y extensión parecidas hay que remontarse al año 1992, con la aprobación del sistema de pensiones no contributivas de la Seguridad Social, proyecto que fue obra también (y no es casualidad) de un gobierno socialista.

El proceso de normalización que se acaba de efectuar no ha sido, en ningún caso, uno más ni tiene parangón posible con lo realizado por el Partido Popular en su etapa de gobierno. Las diferencias son abismales y será bueno destacarlas. Sobre todo, porque la normalización no se ha limitado a autorizar la estancia en España de las personas inmigrantes que dejan de estar en una situación irregular. En este proceso hay un elemento más: un empleo real y efectivo, una ocupación, lo cual conlleva a un itinerario de integración en la sociedad española con altas probabilidades de éxito. El elemento diferencial entre este proceso y los anteriores es, pues, una sensibilidad distinta en la percepción de las necesidades que se derivan de la interculturalidad.

Los socialistas creemos que las personas que vienen a convivir entre nosotros no sólo necesitan un estatuto de legalidad, sino sobre todo un estatuto de ciudadanía conformado por un conjunto de derechos y deberes entre los cuales ocupa el empleo un lugar de cabecera.

Frente a quienes auguraban una afluencia masiva de inmigrantes, hoy sabemos que no ha existido ningún efecto llamada y ninguna adulteración de la filosofía del proceso. Durante estos tres meses se ha asumido con absoluta normalidad un espacio de encuentro en el que convergen los intereses de la sociedad española, el de los colectivos de inmigrantes y el del tejido empresarial.

En este proceso la Administración del Estado ha aportado medios suficientes sin estrecheces y carencias.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y las entidades gestoras de la Seguridad Social han desempeñado un papel ejemplar: un total de 25 oficinas han evitado las colas y tensiones de procesos anteriores y han acercado los centros de gestión a todos los rincones de nuestro territorio. Por vez primera la sociedad valenciana ha visualizado que la materia de extranjería puede gestionarse desde la normalidad administrativa, y supone, sin duda, el germen de la futura organización para el ejercicio de estas competencias públicas.

El gran borrón del proceso hay que imputarlo, sin duda, a una oposición política que ha dejado patente su falta de miras y la baja altura de su concepción política. Escandalizarse frente a un proceso de normalización, cuando los gobiernos populares intentaron cinco procesos de regularización, es un ejemplo sin precedentes de hipocresía política.

Para valorar la normalización que se acaba de realizar, bastan unos pocos elementos comparativos: es la primera vez que se lleva un proceso similar abriendo 25 oficinas en la Comunidad Valenciana, cuando en otros procesos se aperturaban sólo tres (una por provincia, con la consiguiente creación de colas, tensiones y alarma social); es, igualmente, la primera vez que el proceso descansa en un documento público fehaciente, como es el padrón, frente a procesos anteriores en los que se utilizaron documentos puramente privados como las recetas de farmacia o los billetes de transporte; es, en fin, la primera vez en la cual la autorización se vincula a que se produzca el alta efectiva del trabajador en el sistema de Seguridad Social, evitándose ofertas de empleo ficticias u odiosos tráficos ilegales de mano de obra.

Un dato avala el éxito de este proceso: en la Comunidad Valenciana se han registrado casi 100.000 solicitudes, duplicando las mejores cifras que se obtuvieron en procesos anteriores. Quienes, desde la oposición, tachan de insuficientes estos números, olvidan que las regularizaciones del PP se quedaron en la mitad y, sobre todo, olvidan que antes de que se iniciase el proceso se rasgaban las vestiduras augurando una masiva afluencia de inmigrantes.

Cien mil solicitudes de normalización son cien mil familias que gozan de una oportunidad de integración. Son cien mil oportunidades creadas por otras tantas situaciones de confianza empresarial, que reflejan un estado de opinión patente: que es necesario imprimir un cambio en las políticas de inmigración, creando procesos de sostenibilidad social.

Dos legislaturas sin un planteamiento responsable del fenómeno de la inmigración cristalizaron en una situación que no satisface ni a la sociedad, ni a los agentes sociales, ni a los propios inmigrantes. Una "irregularidad tolerada" germina en tensiones sociales y en intolerancia. La política social de los gobiernos populares suspendió, y el mejor reconocimiento lo hizo el propio gobierno, que llamó "repesca" al proceso del año 2000.

El actual proceso innova desde los principios sociales en que se fundamenta, y constituye una oportunidad histórica de iniciar políticas de interculturalidad que den respuesta al hecho de la inmigración. Por ello, el 8 de mayo se abre un nuevo escenario, en el que habrá que articular instrumentos de control, creación de una nueva cultura empresarial sobre el empleo extranjero, propiciar vías de reagrupación familiar, flexibilizar procedimientos administrativos y mejorar el diálogo social e institucional.

Las casi 600.000 solicitudes de normalización nos permiten, en fin, visualizar con claridad el mapa de la geografía económica española. Seis provincias aglutinan el 80% de las solicitudes, y la Comunidad Valenciana es la única Comunidad Autónoma con presencia de más de una provincia (Alicante y Valencia).

Es prueba patente de nuestra pujanza y dinamismo y acredita el nivel de compromiso del Gobierno Español con la Comunidad Valenciana y, específicamente, con los empresarios de Castellón, Valencia y Alicante, que obtienen respuesta a una demanda histórica.

Joan Ignasi Pla es secretario General del PSPV-PSOE.