La negativa de un colegio a su desalojo dificulta la construcción de 584 pisos protegidos en San Sebastián

El proyecto de construcción de 584 viviendas protegidas en el barrio de Morlans, en San Sebastián, acumula ya más de cinco años de retraso por una sucesión de obstáculos y puede enfrentarse a partir de ahora a uno más: la oposición del Consejo Escolar del centro Amara Berri a desalojar sus actuales instalaciones en la zona hasta que no se construya su nuevo edificio, previsto para marzo de 2007. "No tenemos garantías de que el edificio alternativo propuesto, la Escuela de Comercio, hoy en estado pésimo, esté en condiciones para la fecha prevista y entendemos que entraña muchas complicaciones trasladar dos veces todo un colegio en 18 meses, interrumpiendo un curso", dice un portavoz del centro.

El Departamento de Educación y el Ayuntamiento donostiarra acordaron trasladar provisionalmente a los 300 alumnos de entre 8 y 12 años de este centro a la antigua sede de la Escuela de Comercio de la UPV, para no demorar por más tiempo una operación de vivienda protegida que no termina de arrancar. No sólo urgía encontrar una ubicación para los escolares. También era necesario que concluyesen las obras de construcción de la variante sur ferroviaria de Euskotren, inaugurada en marzo con casi cuatro años de retraso. Con su apertura se han liberado unos terrenos precisos, entre otras cosas, para abordar la promoción de pisos sociales.

Sin embargo, ahora es el colegio el que interfiere. Además de las restantes razones, de consentir el traslado provisional los alumnos sufrirían "durante un año y medio una obra en ejecución", dicen sus responsables. El nuevo edificio se levantará precisamente junto a la Escuela de Comercio, en la avenida de Felipe IV entre el Instituto Usandizaga y el Politécnico Easo.

El Consejo Escolar se reunió en abril con el alcalde, Odón Elorza, y con el delegado de Educación, Juanjo Aguirrezabala, y les transmitió su postura. "El alcalde dijo que no está dispuesto a retrasar la construcción de las viviendas", según el Consejo. Educación señala que "es una solución muy estudiada, que salvaguarda con garantías el derecho a la educación de los menores".