Chaves asegura en el Parlamento que el Gobierno de Maragall no le va a imponer nada

Manuel Chaves dejó ayer claro en el Parlamento su desacuerdo y rechazo a la intención del Gobierno tripartito de Cataluña, que preside el socialista Pasqual Maragall, de incluir en la reforma estatutaria catalana la propuesta detallada de un nuevo sistema de financiación. A una pregunta de Teófila Martínez (PP) sobre las denominaciones de las autonomías, el presidente andaluz intentó restar dramatismo al debate territorial y abogó por un acuerdo global de las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Ni la Generalitat ni el tripartito me van a imponer nada", dijo.

La propuesta de financiación catalana volvió a centrar una vez más la atención de la sesión de control al Gobierno en la Cámara andaluza. En otros actos públicos, Chaves había expresado su oposición a que la reforma del Estatuto de Cataluña contemple de manera unilateral un sistema de financiación y menos aún, con detalles precisos y concretos de recaudación. La posición del también presidente federal del PSOE es que los Estatutos autonómicos, como ocurre ahora en el de Andalucía (artículo 58), pueden fijar principios generales en esta materia, pero sin concreciones y sin imposiciones unilaterales.

La presidenta del grupo popular exigió a Chaves que actúe con "mayor contundencia" frente a los planteamientos "hirientes" e "insolidarios" del Gobierno tripartito de Cataluña y lo acusó de mantener una actitud enérgica en la forma, pero "ambigua" en el fondo sobre las propuestas catalanas.

Teófila Martínez también le reprochó el haber contribuido a abrir el debate territorial cuando hace cuatro años propuso la reforma del Estatuto andaluz y el haber sostenido que lo es bueno para Cataluña también lo es para Andalucía y a la inversa. "Y Maragall le ha dicho que ellos son los ricos y nosotros, los pobres y subsidiados", remachó.

Chaves replicó que sigue considerando "necesarias" las reformas estatutarias y de la Constitución para dar un nuevo impulso de modernización del país e, igualmente, mantuvo su tesis de que lo que es bueno para Cataluña "debe ser bueno" para Andalucía. "Me preocupa Cataluña, entre otras cosas, porque viven allí dos millones y medio de andaluces", destacó.

Tras reiterar estos aspectos, Manuel Chaves subrayó sus discrepancias con el procedimiento seguido por el Gobierno de Maragall de incluir el sistema de financiación en la reforma estatutaria. "Ni la Generalitat ni el tripartito me van a imponer nada ni yo a nadie. Nadie va a quitar nada a nadie", aseguró el presidente de la Junta, quien enfatizó que "habrá que llegar a un acuerdo" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Respecto a la denominación de las comunidades, Chaves defendió que en los Estatutos éstas se definan como "consideren oportuno" y apostilló: "Yo no soy constitucionalista, pero el término nación me parece a mí incompatible con el artículo 2 de la Constitución", afirmó.

Una vez que dejó claras sus tesis pasó al terreno del contraataque. El presidente andaluz recordó que la "única vez" que Andalucía no alcanzó un acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica fue cuando el Gobierno del conservador José María Aznar "quitó a 400.000 andaluces" del censo de población. También acusó al PP de caer en el catastrofismo por pronosticar la ruptura de España y abogó por quitar "dramatismo" al debate, al tiempo que intentó lanzar un mensaje de tranquilidad: "Los intereses de los andaluces en el sistema de financiación y en las reformas del Estatuto y de la Constitución estarán muy bien defendidos por este Gobierno y por mí como presidente de la Junta".

Chaves, igualmente, contrapuso su actitud de manifestar abiertamente sus discrepancias con las propuestas de sus compañeros catalanes de partido, frente al silencio de los populares con la posición que defiende el PP catalán y el canario. "Cuando estoy en desacuerdo con un compañero mío, tengo dignidad y lo manifiesto, mientras que ustedes están callados" cuando Josep Piqué defiende que las inversiones estatales se correspondan con el PIB por habitante o reclama la reducción del déficit fiscal.