El SOC ocupa la finca militar La Turquilla para exigir su cesión a jornaleros

Unos 2.000 jornaleros, según el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), ocuparon ayer la finca La Turquilla, situada en el término municipal de Osuna (Sevilla) y perteneciente al Ministerio de Defensa, para reivindicar su rentabilidad social en una comarca con un alto índice de desempleo. El secretario del SOC, Diego Cañamero, explicó que "no tiene ningún sentido" que esta finca, una yeguada militar que ocupa 1.200 hectáreas, esté "administrada por el ejército, sin ninguna función social".

El dirigente del SOC denunció que son muchos los vecinos de esta comarca que se ven obligados a buscar trabajo en las campañas del espárrago y de la fresa, y que tienen que acudir a la vendimia o "probar suerte" en la Costa del Sol y la Costa Brava "cuando esta finca puede dar empleo y riqueza" a más gente.

"Reivindicamos esta tierra porque es pública y no tiene ninguna función social", insistió Diego Cañamero, quien recordó que a sólo dos kilómetros de la misma existe otra finca ocupada por una cooperativa de Marinaleda (Sevilla) que "está dando 500 jornales diarios, lo que significa empleo y riqueza" para la citada comarca sevillana.

La finca La Turquilla está dedicada a la cría caballar, pero según el sindicato "su rentabilidad social es prácticamente nula". El 27 de noviembre de 2001, el Ayuntamiento de Osuna solicitó del Ministerio de Hacienda -con el apoyo unánime de todos los grupos políticos de la corporación municipal- la cesión gratuita de la citada finca para su utilización en proyectos de rentabilidad social. La localidad de Osuna está enclavada en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, donde los niveles de paro e inmigración son muy superiores a la media andaluza, según el SOC. Este sindicato ha convocado además, coincidiendo con el Día del Trabajo, diversas acciones en Andalucía, y participa en varias de las manifestaciones convocadas en esta comunidad en defensa de los derechos de los trabajadores.

Por otro lado, Diego Cañamero, dijo en Sevilla que "el proceso de regularización de inmigrantes hay que ampliarlo porque de lo contrario no dará tiempo a regularizar a todos", tras lo que exigió que "se haga válido cualquier documento para poder permitir la regularización, desde un certificado de Cruz Roja hasta un documento expedido por una entidad bancaria". "Hay colas porque hay preocupación ya que el plazo ya termina y la gente no espera", aseveró Cañamero, que exigió un plazo más flexible y denunció que dichas colas "están incluso congestionando los ayuntamientos incluso paralizando otras acciones de los consistorios, que por otra parte están colaborando en lo posible con el proceso". A su juicio, "hace falta una flexibilización generalizada lo importante es que la gente que ya está en el país y en Andalucía y no tenga regularización son víctimas de los abusos y carne de cañón como víctimas de empresarios desaprensivos", y por otro lado, no les expulsan.