Málaga concentra la mitad de los municipios que, según la Junta, incumplen la legalidad urbanística

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, defendió en el Parlamento andaluz hace dos semanas que casi todos los ayuntamientos de la comunidad acatan la legalidad urbanística. Y que "menos de un 5%" incumple de manera sistemática las normas. En realidad, no llegan a un 3% según el recuento de Obras Públicas, que incluye en esa categoría a 15 localidades, la mayoría gobernadas por el PP y grupos independientes. La provincia de Málaga concentra la mitad de esos casos conflictivos, de los que la Junta excluye al Ayuntamiento de Marbella por la extrema gravedad de sus incumplimientos.

Concepción Gutiérrez aseguró, en una respuesta parlamentaria al PP, que existe "un reducido grupo de Ayuntamientos que incumple sistemáticamente su propio plan urbanístico, dan licencias ilegales o toleran actuaciones sin licencia". La Consejería estima que ocho Ayuntamientos malagueños (Estepona, Nerja, Benalmádena, Torremolinos, Cómpe-ta, La Viñuela, Gaucín y Valle de Abdalajís), cuatro gaditanos (Barbate, El Puerto, Sanlúcar y La Línea), dos almerienses (Cuevas del Almanzora y Mojácar) y uno granadino (Almuñécar) incurren de forma frecuente en estas prácticas irregulares. Ocho están gobernados por el PP, tres por independientes, dos por el PA y dos por el PSOE.

Según el relato de la consejera de Obras Públicas, en estas situaciones la Junta se ve abocada a agotar las vías de litigio: "Acudimos a los tribunales contencioso-administrativos, donde se solicitan las suspensiones cautelares de las actuaciones impugnadas, se remiten al Ministerio Fiscal determinados expedientes, se solicita la ejecución de las sentencias, cuando éstas son firmes, y, normalmente, se pide la demolición de las construcciones ilegales".

La Junta anunció hace un mes un cambio en la Ley de Ordenación Urbanística para asumir competencias urbanísticas (diseño del planeamiento y firma de convenios) a los Ayuntamientos que vulneren de forma muy grave el ordenamiento urbanístico y persigan la "irreversibilidad" de sus actuaciones. Una modificación que Obras Públicas no prevé aplicar a este grupo de ayuntamientos, ya que se estima que las vías jurídicas y administrativas para frenar las actuaciones ilegales son suficientes. Sí serán municipios de actuación preferente del nuevo cuerpo de inspectores de urbanismo que la Junta quiere crear aprovechando esa modificación legal.

La retirada de competencias sólo se estudia para el Ayuntamiento de Marbella. La Junta estima que es la única localidad que ha intentado poner en marcha un plan urbanístico ilegal,que ha concedido licencias ilegales a sabiendas y que ha desobedecido las órdenes administrativas y jurídicas para suspender obras.