Los socialistas reclaman a la SEPI que impida la continuidad de ATB en Babcock

El PSE reclamó ayer a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Industria, que ponga "punto final" a la relación del grupo austriaco ATB con Babcock, y busque un nuevo comprador para la firma de Sestao, privatizada en 2002. El grupo austriaco la compró en 2004, con la mediación de la SEPI, y no ha cumplido con sus compromisos de inversión, aunque tiene de plazo hasta el año entrante. La situación de la empresa de bienes de equipo se ha complicado en las últimas horas: la Fiscalía Anticorrupción va a investigar la privatización y la carga de la Ertzaintza contra los trabajadores el jueves ha encrespado a la plantilla.

En los incidentes, registrados después de que un grupo de trabajadores se encerrara en las oficinas en protesta contra un despido, resultaron heridos ocho empleados y un agente.

Los incidentes han sido el detonante de la petición socialista. El secretario general del PSE de Vizcaya, José Antonio Pastor, achacó a la "prepotencia y a la mala gestión" de la multinacional austriaca, toda la responsabilidad del episodio. El PSE apoya las reivindicaciones y movilizaciones emprendidas por el comité de empresa y denunció el "recorte de la libertad sindical" que ha instaurado la compañía austriaca. La plantilla inició anteayer una huelga indefinida.

Los socialistas pretenden también que la SEPI, de la que dependió la privatización de la compañía de bienes de equipo, actúe contra ATB para que readmita al empleado despedido, respete la libertad sindical en la empresa y retome el diálogo con los trabajadores para poner en marcha la producción. Pastor cree que ha llegado el momento de que la SEPI "estudie seriamente la posibilidad" de buscar un nuevo comprador para Babcock.

El comité de empresa coincide de lleno con esa demanda y ayer mandó un mensaje al Gobierno vasco para que rompa también sus compromisos con el grupo austriaco y busque, de forma conjunta con la SEPI, una "salida digna" para la compañía. El comité criticó la carga policial de la Ertzaintza, que calificó de "actuación desmesurada", y recordó que desde 1970 no se había producido una situación similar y de tanta violencia.

ELA-Ertzaintza pidió en un comunicado el cese del jefe territorial de la policía autonómica en Vizcaya, a quien considera responsable de la decisión de intervenir en las instalaciones de Sestao. "Consideramos que la decisión es de tal gravedad que ELA solicita del consejero en funciones de Interior el cese del jefe territorial, así como la apertura de un expediente informativo a los jefes de la comisaría de Sestao y de la Brigada Móvil", cita el sindicato

Para los miembros del comité de empresa, lo ocurrido es el fruto de "la actitud provocadora y prepotente" que la dirección está manteniendo tanto con el propio comité como con el resto de trabajadores. Además, demuestra que ATB no tiene "un proyecto industrial serio" para sacar adelante la empresa de bienes de equipo.

Los enfrentamientos comenzaron cuando la Ertzaintza intentó sacar de la planta en un furgón policial a cuatro directivos que habían sido retenidos en un despacho como protesta por el despido de un empleado con 18 años de antigüedad. Según el comité de empresa, el acuerdo social que firmó la SEPI al privatizar la firma, y que se mantiene tras la compra por la multinacional austriaca, "cubre" a este trabajador. Por ello calificaron ayer de "provocación" esa decisión, y la antesala de al menos otros dos, al tener constancia de que ya están en marcha nuevos despidos.

La decisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de encargar a la Fiscalía Anticorrupción que investigue supuestas irregularidades en la privatización de Babcock, supone para el comité de empresa un motivo de satisfacción. La denuncia inicial fue presentada por el propio comité. Anticorrupción investigará los elevados pagos realizados por la actual dirección de Babcock a varias consultoras, y se meterá de lleno en el proceso de privatización de la firma que se produjo en 2002.

Los sindicatos consideran irregular la inicial privatización a la firma alemana Babcock Borsig, y sospechoso que seis meses después de ese hecho esta compañía quebrase, arrastrando en su caída a la empresa vizcaína.

El presidente del PP de Vizcaya, Antonio Basagoiti, calificó el enfrentamiento con la policía en Babcock como la culminación de los "sucesivos escándalos" en la compañía.