¿Agricultura o desarrollo rural?
Era un secreto a voces desde hace años y parece como si se acabara de conocer: la Política Agraria Común (PAC), que aún retiene el 46% del presupuesto comunitario, está provocando una enorme pérdida de cohesión social y territorial en la Unión Europea. Pero no se trata sólo de que las ayudas estén muy mal repartidas entre beneficiarios, tal como diversos informes públicos vienen ya denunciando, sino de los efectos perversos que las sucesivas reformas de la PAC están provocando.
Concretamente, los propios informes de la Comisión ponen en evidencia que, si bien ha existido siempre un elevado grado de acaparamiento de los subsidios por parte de las explotaciones de mayor dimensión económica, con las reformas, este acaparamiento se ha incrementado a favor de las de mediano y, sobre todo, gran tamaño. En España, por ejemplo, a partir de la reforma de 1992 las explotaciones medianas duplicaron sus resultados económicos y las grandes y muy grandes casi los triplicaron.
¿Qué sentido tiene mantener el diseño actual de una política que no impide la desaparición de la actividad agraria?
Ni la PAC asegura ya el desarrollo económico del medio rural en su conjunto, ni éste depende ya de la agricultura
Igualmente, desde una perspectiva territorial, la concentración de las ayudas se ha producido en regiones económicamente avanzadas, que cuentan con las explotaciones más productivas. De otro modo, los niveles de apoyo en muchas zonas rurales económicamente atrasadas son cada vez más reducidos, dado el tipo de explotaciones predominantes en ellas. En Europa, por ejemplo, en la última década las explotaciones más pequeñas han reducido su participación en los resultados económicos, en el empleo y en la superficie agraria (una caída de 10 puntos) frente a las explotaciones muy grandes (que la han duplicado).
En este marco, numerosos expertos señalan ya abiertamente esta política como carente de justificación en la actualidad, mientras las encuestas de la propia Comisión Europea empiezan a mostrar que sólo una minoría de ciudadanos considera que la PAC cumple sus diferentes objetivos. Porque, ¿qué sentido tiene mantener el diseño actual de una política que no está impidiendo la desaparición de la actividad agraria en numerosas zonas rurales, al tiempo que permite alcanzar resultados anuales millonarios a una minoría de "agricultores" en un número cada vez más limitado de zonas?
Efectivamente, ni la PAC asegura ya el desarrollo económico del medio rural en su conjunto, tanto en España como en la Unión Europea, ni éste depende ya básicamente de la agricultura. Por el contrario, el desarrollo rural es multisectorial y se basa en la diversificación de actividades y en la puesta en valor de los recursos existentes en el propio medio rural. Y para lograr este desarrollo hacen falta medidas políticas de mejora de infraestructuras y equipamientos, de fomento de inversiones públicas y privadas, de estímulo de actividades con mayores niveles tecnológicos y más elevada productividad y, sobre todo, hace falta asegurar la presencia de un capital humano suficiente y de calidad en las zonas rurales.
Pues bien, la PAC es una política que solamente dedica un 1% de su ingente presupuesto a medidas de desarrollo rural no exclusivamente agrarias, medidas que en la UE han estado apoyadas, aunque insuficientemente, por la otra gran política europea, la Política de Cohesión. Por ello, cuando nos encontramos ante una nueva Unión Europea ampliada mucho más rural, que abarca a más del 90% del territorio y a cerca del 60% de su población, cabe preguntarse qué sentido tiene seguir apoyando tanto la agricultura en lugar del desarrollo del medio rural, cuya renta per cápita se encuentra hasta 30 puntos por debajo de la media europea.
La respuesta reside principalmente en la presencia de unos lobbies agrarios y empresariales que ejercen una decisiva influencia sobre numerosos gobiernos y sobre la propia Comisión. Con todo, ante una PAC cada vez más deslegitimada, no se trata de proponer su supresión, sino justamente la necesaria concentración de las medidas políticas en favor de unos colectivos sociales y unos territorios realmente necesitados de apoyo. Habría que ayudar preferentemente a la agricultura de menor dimensión económica (territorial) y en las zonas rurales económicamente más atrasadas, en lugar de a una agricultura de gran tamaño (comercial) y en unas zonas rurales poco o nada necesitadas de apoyo. De lo contrario, la pervivencia de esta PAC se considerará cada día más indefendible.
En definitiva, en la Europa actual el desarrollo rural debería ser ya una nueva prioridad política, y no tanto la agricultura. Sin embargo, hasta el presente en la UE no ha existido una política rural común. Un conjunto de medidas, mayoritariamente provenientes de la Política de Cohesión y en mucha menor medida de la PAC, han atendido escasamente al desarrollo económico de las zonas rurales. Algunos países han suplido esta carencia con políticas nacionales, mientras otros, como España, se han limitado a aplicar las medidas comunitarias existentes. Del mismo modo, es un espejismo considerar que las abultadas carencias de las extensas zonas rurales de los nuevos Estados miembros se van a superar cuando tengan acceso pleno a las ayudas de la PAC.
Pero el futuro de las políticas europeas para el medio rural tampoco es esperanzador. Mientras que las ayudas de la PAC, mediante un nuevo tipo de "pago único y desconectado de las producciones" (verdadero "fondo de comercio" negociable), se encuentran consolidadas hasta 2013, las medidas de desarrollo rural no agrarias han disminuido en la nueva Política de Cohesión y se sitúan como un pequeño apéndice de la nueva PAC, con un presupuesto débil y condicionado por el acuerdo financiero que adopte la nueva Unión a partir de 2007. Así, en el futuro la política rural dependerá fundamental y subsidiariamente de los Estados.
Mientras tanto, en España seguimos a la espera de que el nuevo Gobierno traslade a su agenda política la promesa electoral de llevar a cabo una "política rural de Estado". Se trata sin duda de una oportunidad histórica que no debería perderse por muy diversas razones. Porque hay que adelantarse a la paulatina desaparición de la PAC actual y a sus consecuencias, porque no es aceptable dedicarse a mantener el statu quo del pasado como principal estrategia política agraria y rural de futuro, tal como hizo el anterior Gobierno (no se trata tanto de cuánto recibe España como para quiénes y para qué), y, sobre todo, porque es absolutamente necesario promover una verdadera política de desarrollo económico del medio rural hasta hoy inexistente.
Jesús G. Regidor es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
