La Audiencia deja libres a 12 de los 14 presos de Jarrai acusados de pertenecer a ETA

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a 28 jóvenes de Jarrai-Haika-Segi acusados de pertenecer a ETA dejó ayer en libertad a los 12 acusados que aún seguían en prisión preventiva sólo por esta causa. Otros seis habían sido puestos en libertad con anterioridad. El anuncio fue realizado por el tribunal en la última sesión del juicio. El juez Carlos Ollero se opuso en un voto particular a la excarcelación, decidida ante el inminente cumplimiento del límite máximo de prisión preventiva. El fiscal, que retiró la acusación contra cinco de los procesados en el juicio oral, pide 10 años de prisión para los 28 acusados por integración en organización terrorista en grado de dirigente.

"Hemos conseguido darle la vuelta al juicio y la puesta en libertad de los chavales es otro paso más", aseguró a este periódico Agustín Rodríguez, portavoz de la iniciativa 18/98+, grupo que pretende denunciar los procesos, a su juicio "políticos", instruidos por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra las organizaciones satélite de ETA. Rodríguez es el padre de uno de los dos encausados cuya libertad no se decretó ayer al estar en prisión por otra causa relacionada con su presunta integración en el aparato de captación de ETA. Los dos que aún siguen en prisión son Arkaitz Rodríguez Torres y Aiora Epelde Aguirre.

Los acusados que tomaron la palabra en la última sesión del juicio para dirigirse al tribunal criticaron precisamente el "juicio político" que, a su juicio, han sufrido y reivindicaron "el derecho de los jóvenes vascos a organizarse". Casi todos defendieron la independencia y denunciaron la "vulneración de los derechos civiles y políticos de Euskal Herria".

El único acusado que vio cortado su alegato por el presidente del tribunal, el magistrado Félix Alfonso Guevara, fue precisamente Arkaitz Rodríguez cuando instaba a los Gobiernos español y francés a reconocer su "naturaleza política". El presidente le llamó la atención y le indicó que no estaba allí para exigir nada.

Seis de los imputados ya fueron puestos en libertad por el tribunal -la Sección Cuarta de la Audiencia- el pasado 4 de marzo, ya empezada la vista oral, al entender dos de los tres magistrados que habían agotado el límite de cuatro años de prisión preventiva. El juez Ollero también formuló un voto en contra.

Responsabilidades civiles

El fiscal del caso, Enrique Molina, y el abogado de la acusación particular en representación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Pedro Cerracín, retiraron el pasado 11 de abril las acusaciones contra cinco de los 33 procesados con que comenzó el juicio (Amaia Maestre, Maider Alonso, Unai Beaskoetxea, Sonia Jacinto y Jorge Urbiola). El fiscal retiró además su petición inicial de que las responsabilidades civiles derivadas de la kale borroka (violencia callejera) fueran exigibles a Batasuna o a su grupo parlamentario.

La decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional de excarcelar a todos los procesados que aún permanecían en prisión sólo por esta causa contó con el voto particular del magistrado Carlos Ollero. Este juez será el ponente de la sentencia, resolución que el tribunal calcula estará lista antes de tres meses, según fuentes jurídicas.

La puesta en libertad a la espera de sentencia de los 12 encarcelados fue acogida entre lágrimas, abrazos y muestras de júbilo por sus familiares y amigos presentes en la sala. Sin embargo, esta decisión del tribunal no prejuzga en ningún caso la resolución final del juicio, ni adelanta tampoco una hipotética sentencia absolutoria para los procesados en la causa.

Como casi todos habían cumplido el tiempo máximo de prisión preventiva (cuatro años) o lo iban a cumplir antes de que se dictase sentencia, el tribunal optó por ponerles ya en la calle, según fuentes jurídicas. Este criterio no fue compartido por el juez ponente de la sentencia, quien razonó en su voto particular las razones de su oposición a las excarcelaciones.

El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, quien envió a dos observadores a la vista oral para comprobar que se cumplían "todas las garantías procesales", criticó la utilización "abusiva" de la prisión preventiva.

Fue la última sesión de un juicio que comenzó en la tarde del 11 de febrero tras las maniobras dilatorias realizadas por los letrados defensores. Dos de ellos -Arantza Zulueta y Aitor Ibero- reiteraron que no hay pruebas contra sus clientes y que la integración de los acusados en las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi "no tiene carácter delictivo" pues no hay ninguna prueba que las ligue con ETA.

Zulueta defendió que no hay pruebas que vinculen a las organizaciones juveniles de la izquierda abertzale en las que militan los procesados con la banda terrorista y pidió una sentencia absolutoria.

Todos los acusados hicieron uso de su último turno de palabra, aunque cuatro de ellos fueron designados como portavoces y se dirigieron al tribunal en castellano. La primera en tomar la palabra fue Olatz Dañobeitia, quien se preguntó ante el tribunal si el proceso seguido contra ellos pretendía "cortar una vía" para lograr "una solución democrática del conflicto" vasco, ya que, en su opinión, "no es casualidad" que "ahora que se habla de paz" y "muchas fuerzas" quieran hacerlo "dando la palabra al pueblo vasco" se celebre un proceso contra estas tres organizaciones, ilegalizadas en su día por Baltasar Garzón, según informa Europa Press.

Ugaitz Elizaran aseguró que el hecho de que haya jóvenes en el País Vasco "dispuestos a asumir otros compromisos", como ingresar en ETA, debe hacer "reflexionar" sobre por qué lo hacen. Tras definirse como víctima del terrorismo, anunció que seguirá trabajando por que ninguna generación vasca tenga en el futuro que pasar por lo que él ha pasado. Y se mostró orgulloso de que la cárcel no les haya cambiado.