Los zaplanistas votan a favor de adjudicar 15.000 casas en Alicante tras criticar el plan

Después de discrepar abiertamente y hasta última hora sobre la adjudicación, al margen del Plan General, de la mayor operación urbanística de Alicante -15.000 viviendas en Rabassa- a un consorcio de empresas liderado por el Grupo Ortiz, los ediles zaplanistas del PP de Alicante respaldaron ayer con su voto la propuesta del alcalde, del sector campista. Los socialistas, en la oposición, apoyaron también la adjudicación, aunque previamente condicionaron sus sufragios a la aprobación de un segundo proceso de exposición pública para dar "más transparencia" al plan.

El pleno del Ayuntamiento de Alicante reeditó ayer una peculiar alianza que surge en ese Consistorio cada vez que se aborda un asunto relevante: los socialistas se alían con el sector campista del gobierno que apoya al alcalde, mientras bloque zaplanista, tras ejercer de oposición y tensar la cuerda hasta casi romperla, termina adhiriéndose a regañadientes a ese consorcio tan singular, del que sólo queda fuera la única edil de Esquerra Unida. El resultado del galimatías: 26 a 1, es decir, PP y PSPV sí; EU, no.

Ocurrió así con otra operación urbanística de gran calado: la ordenación del sector de La Sangueta, en primera línea de costa, a propósito de la construcción de un palacio de congresos. Y ayer se repitió la historia. Tras echar mano a un contrapeso que justificara su alianza con el alcalde (una enmienda para someter el proceso a una nueva exposición al público), el portavoz socialista expuso con profusión de datos varios argumentos para llegar a una conclusión que, según él, ha condicionado el posicionamiento de su grupo: la adjudicación del plan no entra en colisión con el PGOU. Bernal resaltó la necesidad de que la ciudad disponga de viviendas protegidas -el plan de Rabassa prevé 8.000- y criticó que el PP está anteponiendo sus batallas internas a los intereses ciudadanos.

Los argumentos del alcalde Díaz Alperi no fueron muy distintos a los de Bernal. Éste recalcó que el plan de Rabassa ofertará 8.000 viviendas de protección oficial que tendrán "una repercusión muy positiva en el mercado de la vivienda en beneficio de los ciudadanos". El alcalde admitió que con ese plan "van a ganar mucho dinero" los propietarios del suelo y los constructores pero, al final, adujo, los mayores beneficiados serán los ciudadanos. El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll declaró a este periódico tras el pleno: "Sigo pensando que este plan debería haberse incluido en el PGOU". Ripoll consideró que la presión de su grupo ha sido "efectiva" para mejorar las condiciones de la adjudicación. Antes del pleno, los vecinos de Rabassa explicaron a los ediles que el plan debería tramitarse en el marco del PGOU.