IU quiere que la comisión del 11-M reclame una ley europea de explosivos

Izquierda Unida (IU) va a proponer que las conclusiones de la comisión de investigación del 11-M incluyan promover en el seno de la Unión Europea una legislación común que permita controlar la producción de sustancias que puedan ser utilizadas para fabricar explosivos. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, dio a conocer esta propuesta mediante un comunicado en el que expresa su preocupación por el robo el viernes de cuatro toneladas de clorato sódico en una fábrica de Francia, atribuido a ETA.

En opinión del líder de IU, si se confirma que ETA es la responsable de esta sustracción, tendría "una grave repercusión", y por esta razón insiste en que es necesario adoptar medidas preventivas en el ámbito legal comunitario.

Para Llamazares, además de mejorar la normativa sobre la producción, almacenamiento y uso de los explosivos en España, algo que se ha puesto de relieve a raíz de los fallos analizados en la comisión parlamentaria que investiga los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, estas medidas deberían ampliarse a todos los países europeos para evitar casos como el robo del viernes pasado.

Por otra parte, el PP ha pedido al presidente de la comisión del 11-M, Paulino Rivero, de Coalición Canaria, que adelante la reunión fijada para el 5 de mayo, con objeto de que los diputados analicen las últimas revelaciones sobre los atentados que se deducen del análisis de los nuevos tomos del sumario judicial que han sido remitidos al Congreso de los Diputados.

Vicente Martínez Pujalte, portavoz de los populares en la comisión, dijo que su grupo ha trasladado a Rivero que es necesario que la Cámara baja valore datos como lo referido al confidente que habría informado a un agente de la Unidad Central de Estupefacientes (UDYCO) de la Guardia Civil de que se preparaban atentados en trenes.

El portavoz del PP se refería a la declaración que un confidente prestó ante el juez Juan del Olmo el 22 de abril de 2004, en la que habló de que conocía "a gente que iba a poner bombas en trenes". Este dato no fue trasladado a los expertos de la lucha antiterrorista.

Martínez Pujalte aseguró que Rivero se mostró dispuesto a estudiar la petición de los populares, quienes, no obstante, harán una solicitud por escrito si finalmente los grupos no acceden a adelantar la comisión.

En este sentido, este portavoz se refirió a que el adelanto también está justificado ante la negativa del Gobierno a entregar la transcripción de las conversaciones entre el militante socialista de Asturias Fernando Huarte y el preso islamista Abdelkrim Bensmail.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, explicó el viernes tras la reunión del Consejo de Ministros que no podía facilitar al Parlamento esta conversación porque esto vulneraría el derecho a la intimidad.