El principal y el agente

La Ley de Partidos Políticos de 2002 se tambalea después de la exitosa argucia con que Batasuna ha conseguido estar presente en las elecciones y en el Parlamento a pesar de su previa ilegalización. Nadie entre nosotros alberga la más mínima duda de que el PCTV-EHAK se ha convertido en un cauce de actuación para los radicales ilegalizados. Y, sin embargo, esta convicción social unánime no ha podido tener su reflejo en el plano judicial, de forma que se ha creado una doble verdad: la política y la jurídica. Lo que en un ámbito es evidente, en el otro no existe. Y, desde luego, el mayor signo de ineficacia y obsolescencia para un texto legal es el de que sea incapaz de recoger y sancionar la realidad social viva. Es en ese sentido que la ley se tambalea, porque es como una red de la que se escurren los peces.

Creo, sin embargo, que el debate en torno a esta cuestión se ha centrado en demasía en el terreno jurídico Y, además, ha quedado cortocircuitado casi desde su inicio por el Partido Popular, que lo ha convertido en un motivo de greña contra el Gobierno sin atender a razones de ningún tipo. Una juridificación que no parece desagradar tampoco a los socialistas, quizás porque les permite rehuir el debate político sobre la situación creada por la presencia de Batasuna, aunque sea mediante persona interpuesta, en el futuro Parlamento vasco.

La técnica utilizada por Batasuna encaja en los moldes de las prácticas habituales en los paraísos fiscales, o en el fenómeno de las "banderas de conveniencia". En definitiva, una empresa ya existente adquiere la carcasa, la pura formalidad jurídica, de una sociedad preexistente (de las cuales los bufetes de abogados de Panamá o Islas Caimán tienen durmientes a centenares en sus archivos) y vierte en ese molde alguna de sus actividades. En muchas ocasiones, los socios y directivos de esa sociedad lo siguen siendo las secretarias del despacho donde se adquirió, o algún desocupado residente del país en cuestión. Lo que sucede es que el inversor real guarda en su cofre la mayoría de las acciones, al portador claro está, así como los poderes para actuar en su nombre. El control real, en definitiva. Pocas dudas caben de que Batasuna ha vertido en los moldes del PCTV su caudal político de votos y apoyo, por mucho de que no existan pruebas tangibles de su control de las secretarias. El simple hecho de que los electores de Batasuna se hayan autorreconocido en el PCTV al votarle unánimemente es prueba de la inversión y del control previamente acordados. Ahora bien, este aparente supuesto político de res ipsa loquitur (la cosa se demuestra por sí misma), ¿puede extrapolarse al ámbito jurídico constitucional? ¿Puede considerarse como un supuesto de "sucesión de un partido disuelto" del art. 12.3º de la Ley de Partidos? La respuesta es negativa a la luz de la doctrina sentada por nuestro Tribunal Constitucional, sobre todo en su última sentencia del 31 de marzo de 2005: un partido no es responsable por la adhesión que le demuestren los votantes o activistas de otro ilegalizado, en tanto no exista un acto de reconocimiento de éste o unas conexiones estructurales y organizativas probadas. Quizás, en otro sistema constitucional menos obsesionado por el garantismo la respuesta fuera distinta. Quizás, lo fuera si estos mismos hechos se hubiesen planteado en una fase de terrorismo sangriento agudo, y no en una de tranquilidad como la actual. Pero el hecho cierto es que cualquier análisis jurídico objetivo arroja como conclusión la de que una ilegalización del PCTV por el Ministerio Fiscal no pasaría el filtro constitucional, por lo menos mientras no se cuente con pruebas sólidas de las conexiones citadas.

Ahora bien, el que la Ley de Partidos se tambalee no tendría que conllevar por sí mismo su arrumbamiento definitivo, puesto que ha demostrado su validez y eficacia en el pasado, y podría seguir sirviendo como una significativa señal de advertencia para los parlamentarios del PTVC y sus presuntos controladores de Batasuna. En efecto, una de las cuestiones más interesantes del futuro político es la de comprobar hasta qué punto puede ejercitarse la actividad parlamentaria por persona interpuesta, o en qué medida el controlado puede llegar a modificar los deseos del controlador una vez que asume e interioriza su nuevo papel relevante. Puede producirse ahí una dinámica interesante para la democracia en su conjunto (la compleja dinámica entre el principal y su agente es un descubrimiento fructífero de las ciencias sociales), y para favorecerla puede resultar importante contar con la amenaza siempre presente de la Ley de Partidos, que impediría una asunción directa y descarada de protagonismo por Batasuna, con su consecuente involución a situaciones anteriores.

Sin embargo, los signos van más bien en el sentido de que, no sólo la Ley de Partidos, sino todo el Pacto Antiterrorista, van a resultar fatalmente afectados por los hechos acaecidos. La torpe y obcecada trifulca que los populares han montado al Gobierno, acusándole de connivencia con los terroristas, acelera un proceso político en el que finalmente lo único importante será saber sobre quién recae el baldón de dar por finiquitada la política antiterrorista de los últimos años. Pues no parece que los socialistas hagan ascos a la posibilidad de quedar libres de unas ataduras que han incomodado siempre a una parte substancial del PSOE. El mismo hecho de que se residencie el debate en el plano jurídico apunta en esa dirección. Si Rodríguez Zapatero quisiera de verdad intentar el mantenimiento de la unidad de acción, su mensaje no debería ser tanto el de que una convicción moral no es una certeza jurídica, algo en lo que lleva toda la razón, sino el de que una convicción moral debe tener alguna consecuencia política. Si todos estamos convencidos de que Batasuna controla de partida a los parlamentarios del PCTV, ¿cuál debería ser la línea de comportamiento respecto a ellos? ¿Cabe encogerse de hombros y decir que, puesto que son legales, son como cualquier otra fuerza política? ¿O hay que mantener una política de control y exigencia respecto a ellos? ¿Puede negociarse y pactarse con este grupo sin reservas? Éstas son las cuestiones a las que deberían hacer frente los partidos nacionales, en lugar de perderse en estériles debates sobre legalismos.

La sociedad vasca considera muy mayoritariamente que hoy es preferible tener a los radicales en el Parlamento, con voz y voto, que tenerlos fuera incontrolados. Se podrá estar de acuerdo o no con esta opinión social mayoritaria (yo, desde luego, tengo serias dudas), pero no con la realidad objetiva de que no se ha podido impedir su presencia por medios válidos en Derecho. Así que lo prudente sería acordar un protocolo para la futura relación política con ellos, en lugar de dar patadas para derribar lo que se había construido con tanto esfuerzo en los últimos años.

José María Ruiz Soroa es abogado.