El PSOE amplía su denuncia ante el fiscal por el 'caso Majadahonda'

El PSOE llevará a la Fiscalía Anticorrupción la declaración de los dos ediles del PP en la que ambos afirman que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, estuvo informada de la crisis político-urbanística del municipio. Los socialistas amplían así la denuncia presentada ante Anticorrupción y en la que ya pedían que se investigue la grabación de una reunión de concejales del PP de Majadahonda. En ella, el actual alcalde, Narciso de Foxá, y su predecesor, Guillermo Ortega, implicaban a Aguirre en la modificación del resultado de un concurso de venta de dos parcelas municipales.

"Esperanza Aguirre se encuentra atrapada, permanece muda ante la declaración que la sitúa en el centro de la toma de decisiones presuntamente delictivas adoptadas por el Ayuntamiento de Majadahonda", afirmó ayer Ruth Porta, secretaria de Relaciones Institucionales del Partido Socialista de Madrid (PSM).

La crisis de Majadahonda se fraguó hace un año, cuando el ex alcalde Guillermo Ortega decidió vender dos parcelas municipales mediante concurso público. No quería que corrieran la misma suerte que algunas otras desde 2000: ser gestionadas por la empresa pública Pammasa, cuyo presidente, desde hace años, es Narciso de Foxá, el actual alcalde. El PSOE ha denunciado varias veces que mediante esta empresa pública el municipio ha surtido de parcelas a buen precio a constructores privados, haciéndoles ganar más de 108 millones de euros en los últimos cinco años.

El 24 de enero, en el despacho de Ortega, se produce la reunión de todos los concejales del PP y la grabación de las conversaciones con un teléfono móvil por uno de los asistentes. En la reunión, Foxá le dice a Ortega que las parcelas "no van" al concurso público. El 4 de febrero, Guillermo Ortega dimite aduciendo "problemas personales". De Foxá es nombrado nuevo alcalde y asegura que lo mejor es que el polémico concurso quede desierto y se convoque otro en el que cuenten las ofertas económicas.

Los socialistas ampliarán el lunes que viene la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la divulgación de la grabación de una reunión de concejales del PP de Majadahonda. En ella, el actual alcalde, Narciso de Foxá, y su predecesor, el dimisionario Guillermo Ortega, ambos del PP, involucraron a la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, en el conflicto suscitado en el Ayuntamiento majariego como consecuencia de una operación urbanística realizada en una parcela de propiedad municipal.

Concejales díscolos

La ampliación de la demanda socialista se refiere ahora a que José Luis Peñas y Juan José Moreno, dos concejales del PP en Majadahonda enfrentados con el actual equipo de gobierno, también del PP, han enviado un escrito al Ayuntamiento en el que aseguran que la cúpula del PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, estuvo informada puntualmente de la crisis del municipio. Peñas y Moreno aseguran en su declaración que la presidenta les ordenó destruir un informe donde daban cuenta de las actividades de la empresa municipal de suelo Pammasa.

También arremeten contra el actual alcalde, Narciso de Foxá, al que acusan de ser el cerebro de la venta de derechos de edificación desde la empresa municipal del suelo, que ha provocado un agujero económico de millones de euros en el Ayuntamiento.

Los dos ediles díscolos han asegurado que mandaron el escrito al Ayuntamiento porque se les negó el derecho a declarar ante la comisión de investigación que creó el Ayuntamiento.

En el escrito de ampliación de la demanda los socialistas destacan: "Ya no nos encontramos exclusivamente ante un vídeo de una reunión interna, sino ante una declaración oficial, presentada ante un registro oficial y firmada por dos ediles del PP de este municipio que fueron testigos presenciales directos y privilegiados de los presuntos hechos delictivos que se denuncian".

"Esperanza Aguirre, según sus propios concejales, aparece en el centro de la toma de decisiones que, por presentar indicios de delito, están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción. Las imputaciones son de tal gravedad que solamente el hecho de encontrarse atrapada puede explicar su silencio", concluyó Porta.