Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Gallardón planea poner cámaras de vigilancia en la Plaza Mayor para luchar contra los cacos

La instalación debe ser autorizada por la comisión que preside el jefe del Tribunal Superior

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo Poch, anunció ayer su intención de instalar cámaras de videovigilancia en la Plaza Mayor madrileña con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana. El Consistorio, que ya tiene tomada la decisión política de proceder a montar esta red de ojos

]]> electrónicos, deberá ahora elaborar un proyecto describiendo cuántas cámaras quiere poner, dónde, quién se va a encargar de su control, etcétera. Ese proyecto tendrá que ser aprobado por la Delegación del Gobierno y finalmente por la Comisión de Garantías de Videovigilancia.

El concejal Calvo anunció que el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno en Madrid están estudiando la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en la Plaza Mayor debido a la "inseguridad importante" que existe en esta zona. Calvo avanzó este plan en el programa El Círculo a primera hora, de Telemadrid, donde señaló la posibilidad de colocar estas cámaras, igual que las 10 que ya funcionan en el Museo de Escultura al Aire Libre, en el paseo de la Castellana, a la altura del puente de Eduardo Dato.

"Ahora sólo queda perfilar la iniciativa y elaborar un protocolo de trabajo", añadió el edil, quien considera "viable", ya que según explicó, "lo recoge la Ley de 1997". Según fuentes municipales, las asociaciones de vecinos y comerciantes de este enclave histórico madrileño se han dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento para solicitar este tipo de vigilancia, debido a los problemas de inseguridad de la zona.

La Ley Orgánica 4/1997 que regula la utilización de videocámaras en lugares públicos señala en su artículo 1 que el objetivo de la instalación de este sistema es "contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como prevenir la comisión de delitos y faltas e infracciones relacionadas con la seguridad pública".

Carteristas y tironeros

"Creemos que la Plaza Mayor cumple los requisitos previstos en la ley que regula la instalación de videocámaras como en su día nos solicitaron las asociaciones de vecinos y comerciantes", señaló Calvo. Éste declaró que "carteristas, tironeros, descuideros y manteros [venta de discos compactos y DVD piratas] con objetos falsificados provocan una degradación de la plaza que es un bien nacional de interés cultural y que hacen necesario este tipo de vigilancia".

Calvo se refirió a la experiencia que ya existe en Madrid, en el Museo de Escultura al Aire Libre, y otras que ya hay en ciudades como Amsterdam y Florencia, como ejemplos de utilización de videocámaras para paliar los efectos del vandalismo callejero y la inseguridad ciudadana.

La solicitud deberá ser aprobada por la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, a cuyo frente está el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y de la que forman parte como vocales el fiscal jefe del TSJM, un representante de la Abogacía General del Estado, un representante de la Federación Madrileña de Municipios y el secretario general de la Delegación del Gobierno. Éste último tiene voz, pero no voto.

En el caso de que la comisión apruebe la solicitud, será la Delegación del Gobierno la encargada de autorizar al Ayuntamiento la instalación de videocámaras. "La Plaza Mayor cumple los requisitos suficientes para la colocación de cámaras de videovigilancia", concluyó el edil. "Creemos que con ello podemos favorecer tanto a los que viven en la plaza como a los que la visitan".

La Ley de Videovigilancia de 4 de agosto de 1997 establece serias restricciones a la instalación de cámaras en la vía pública para grabar o controlar a los viandantes o a las personas que circulen por la zona. Respeta al máximo la intimidad de los ciudadanos y rechaza que la captación de imágenes pueda incluir zonas privadas, como domicilios. Además, obliga a los organismos públicos a informar a los ciudadanos, de forma clara y permanente, de la existencia de dichas videocámaras fijas en la zona por la que transitan.

La norma recoge que los encargados de las cámaras pongan en conocimiento de la autoridad judicial "a la mayor brevedad" los delitos captados por las cámaras. En caso de no existir denuncia, deberán destruir las grabaciones al mes. Hasta el momento, la única instalación de videovigilancia autorizada en la región es la existente en el Museo de Escultura al Aire Libre. Las 12 cámaras que graban día y noche empezaron a funcionar en junio de 2002.

El sistema electrónico le costó al Ayuntamiento 150.000 euros. El Consistorio, presidido por José María Álvarez del Manzano, del PP, solicitó permiso en agosto de 2000 al entonces delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui. El permiso llegó casi dos años después, y para ello también fueron necesarias varias reuniones de la Comisión de Videovigilancia, que igualmente dio el visto bueno al sistema, aunque ha impuso algunas restricciones.

Desde su creación, la Comisión de Garantías de Videovigilancia ha estudiado tres casos, además del relativo al Museo de Escultura al Aire Libre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de abril de 2005