La UE aprueba una armonización de peajes para camiones que implica mayores costes

Los ministros de Transportes de la UE acordaron ayer implantar un sistema común de peajes para el transporte de mercancías por carretera que va a suponer un alza generalizada de los costes y una fuente de ingresos adicionales para fomentar otros medios de transporte como el ferrocarril. España e Italia, en calidad de países periféricos y, por tanto, más perjudicados por este nuevo sistema, dieron su acuerdo en razón de la posibilidad de aplicar descuentos a los transportistas frecuentes. Francia, Alemania y Austria han sido los defensores del nuevo sistema.

Tras dos años de negociaciones, el acuerdo de ayer, suscrito en la reunión de ministros habida en Luxemburgo, debe obtener todavía el visto bueno del Parlamento Europeo, pero el acuerdo fundamental se ha abierto camino gracias a la presión (y a la cesión final en algunos temas) de los países de tránsito, que llevan tiempo quejándose de los perjuicios que les comporta el tráfico rodado y de la necesidad de que sean los usuarios los que paguen las infraestructuras.

Para la Comisión Europea, lo fundamental era descongestionar las redes europeas, fomentar medios alternativos más ecológicos, como el ferrocarril, y facilitar la movilidad al mismo tiempo para mejorar la competitividad, según palabras del comisario europeo de Transportes, el francés Jacques Barrot.

Para España, como otros países periféricos (Grecia, Portugal e Italia, entre otros), este proyecto se veía como especialmente dañino para los intereses de su industria, forzada a pagar las infraestructuras ajenas. La posibilidad de descuentos de hasta el 13% para los transportistas frecuentes derribó sus resistencias.

Según el acuerdo, todos los países europeos pueden imponer peajes a los camiones de entre 3,5 y 12 toneladas, lo que supone en sí mismo un aumento de los costes, pues hasta ahora sólo estaban obligados a pagar este peaje (llamado euroviñeta) los de más de 12 toneladas. El precio del nuevo peaje se establecerá según una serie de baremos establecidos ayer iguales para todos y se podrán cobrar en todas las infraestructuras que no tengan más de 30 años. Dentro de ese sistema común de calcular los peajes, en los que se tendrán en cuenta diversos factores, como el día de la semana o las características del vehículo, los países de tránsito han logrado que se recoja la posibilidad de introducir un aumento del precio en zonas montañosas de hasta el 25%, lo que está pensado para Los Alpes. España e Italia lo aceptaron al recogerse la recomendación (no el compromiso) de destinar ese sobrecoste a fomentar rutas alternativas de transporte, como el ferrocarril.

Libertad

El acuerdo no obliga a encarecer los peajes, ni siquiera a establecer nuevos peajes. Cada país es libre de aplicar el nuevo sistema, que tiende a una cierta armonización, pero se da por descartado que la medida va a suponer una elevación de los costes del transporte por carretera.

Una fuente diplomática asegura que si cruzar Alemania cuesta ahora a un transportista ocho euros, con el nuevo sistema el precio podría elevarse hasta los 36, lo que es asumible. "Todo depende del valor añadido de la mercancía que transporte", dice esta misma fuente.

Un estudio de la Asamblea Nacional Francesa sobre esta nueva directiva señala que el precio del transporte por carretera podría encarecerse en Europa entre un 8% (dato alemán) y un 20% (dato español). Frente a tales argumentos, Barrot señalaba ayer que la congestión de las redes de tráfico rodado europeo suponen un coste añadido de 100.000 millones de euros anuales. El Gobierno alemán estima que genera, además, un consumo superfluo de 12.000 millones de litros de carburante cada año y una sobreproducción de 30 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Finalmente, en el Consejo de Ministros, sólo votaron en contra Estonia, Malta, Portugal y Bélgica. Se abstuvieron Grecia y Finlandia. Italia y España votaron, con la mayoría, a favor, y ello a pesar de que, como reconoció el secretario de Transportes Fernando Palao (que negoció en nombre de la ministra Magdalena Álvarez), había aspectos dificilmente asumibles.