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CRISIS MUNICIPAL EN SEVILLA

El PSOE decide que la comisión de investigación por las facturas falsas se celebre a puerta cerrada

La Fiscalía General del Estado solicita más información sobre el caso a la de Sevilla

PSOE e IU se reunieron ayer en el Ayuntamiento de Sevilla para establecer las pautas de la comisión que investigará las irregularidades del distrito Macarena. El gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín ha optado por que la comisión se celebre a puerta cerrada para evitar que se produzcan "shows", según fuentes municipales. Los dos partidos de la oposición han anticipado que no acudirán a la comisión si está no es abierta a los medios de comunicación. La presidencia de la comisión, que en principio corresponde a Sánchez Monteseirín, aún no está cerrada, aunque es posible que el alcalde la delegue.

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La comisión de seguimiento del pacto PSOE e IU, integrada por las direcciones sevillanas de los dos partidos, distribuyó tras su encuentro de ayer un comunicado en el que se muestra a favor de la creación de la comisión de investigación como un instrumento para "conocer la verdad, establecer y proponer los cambios que eviten la repetición de este tipo de hechos y trabajar con rigor".

Ambos partidos dejan en manos de los grupos municipales las características de la comisión, aunque les instan a que busquen las medidas necesarias para que resulte "operativa, rigurosa y eficaz". Y la fórmula elegida es que la comisión se celebre a puerta cerrada, según fuentes del gobierno local. PA y PP han condicionado su participación en la comisión a que se permita la entrada a los medios de comunicación, que la presida un concejal que no sea socialista y que cuente con la comparecencia del alcalde.

Fuentes del gobierno creen que abrir las sesiones a los medios convertiría la comisión en un "show". Asimismo, señalaron que Sánchez Monteseirín delegará, probablemente, la presidencia de la comisión, pero que todavía es pronto para saber quién ejercerá esta función.

La resolución firmada el martes por Monteseirín para crear la comisión señalaba que ésta deberá analizar las "carencias y deficiencias de los procedimientos y de las estructuras administrativas de cada uno de los distritos, con el objetivo de evitar que en el futuro puedan darse hechos como los denunciados".

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Responsabilidades

El comunicado amplía la definición del alcalde al establecer como objetivo "el conocimiento de los hechos, la delimitación de las responsabilidades que se puedan encontrar y la propuesta de los cambios en los mecanismos de control por parte de los que tienen ese encargo ciudadano".

El texto señala también que la comisión "complementa" a los otros instrumentos que ya están en marcha, como la auditoría de la Intervención municipal y las diligencias de la Fiscalía de Sevilla, a los que se sumará el encargo a la Cámara de Cuentas de Andalucía de una auditoría sobre los últimos 10 años del Ayuntamiento, una petición que votará hoy el pleno municipal.

En el ámbito judicial, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha remitido un escrito a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, en el que solicita información respecto de las diligencias realizadas en este asunto. Pese a que la Fiscalía de Sevilla ya ha presentado una denuncia en los juzgados por este caso, el Fiscal General del Estado está estudiándolo también porque el PP demandó que el asunto sea investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

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