Más de 700 opositores que aprobaron en 2000 siguen sin plaza por un caos jurídico

Más de 700 personas que sacaron plaza en la Oferta Pública de Empleo (OPE) convocada por el Gobierno en el año 2000 siguen sin ocupar sus puestos. Cuatro años después de que el Ejecutivo publicase en verano de 2001 las listas provisionales de las personas que aprobaron la oposición, nada se ha movido, para indignación y pesar de los opositores que lograron aprobar. El caos jurídico que vive en estos momentos la Administración vasca, pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva una serie de recursos interpuestos por un colectivo de interinos, ha impedido solventar el proceso. Las previsiones más pesimistas apuntan a que la resolución puede que no llegue hasta dentro de uno o dos años más.

Desde el Gobierno, la única respuesta que se ofrece es que mientras el Supremo no dicte una sentencia firme no se puede seguir adelante con el proceso, destinado a cubrir 750 plazas de funcionario en la Administración general.

El conflicto jurídico arrancó a mediados de 2001, cuando terminaron los exámenes y se conoció el nombre de los aprobados. Un colectivo de 120 interinos, que llevan en la Administración desde 1982, recurrió de manera individual las listas al Tribunal Superior de Justicia vasco por diferentes motivos, entre ellos, por entender que el Gobierno no había valorado su antigüedad de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Función Pública Vasca, aprobada en 1989. Esta ley concede a los interinos que trabajan desde 1982 una mayor puntuación a la hora de enjuiciar sus méritos. El Tribunal Superior fue dándoles la razón. Sin embargo, el Gobierno persistió en no modificar la valoración de méritos y, ante la cascada de sentencias en contra, suspendió todo el proceso en mayo de 2002 y recurrió en casación al Supremo.

Un grupo de afectados reprocha al Ejecutivo su "prepotencia e incapacidad" para resolver el problema y se ha quejado ante el Ararteko y va a interponer un recurso administrativo previo a la vía judicial.El bloqueo jurídico de la Oferta Pública de Empleo de 2000 impide al Gobierno poner en marcha la otra oferta que tenía comprometida y que consta de 300 plazas y los concursos de traslados que deben convocarse.

A pesar de que el Ejecutivo suspendió todo el proceso selectivo de 2000, cerca de 50 opositores han podido ocupar sus puestos de los 750 que sacaron plaza. Ello se debe a que las reclamaciones del colectivo de interinos que trabaja desde 1982 no les afectan. El Ejecutivo convocó la OPE de 2000 para cubrir 750 vacantes de la Administración general, de la que quedan al margen Sanidad, Educación y Ertzaintza. Del conjunto de vacantes, 478 fueron al turno libre y el resto correspondió al turno restringido, destinado sólo a los funcionarios que querían cambiar de plaza. Más de 1.500 de los cerca de 5.000 empleados de la Administración general (un 30%) ocupa plaza en régimen de interino.

Era la primera OPE que formulaba la Administración desde hacía diez años. La convocatoria despertó gran interés entre los ciudadanos, que vieron una oportunidad de convertirse en funcionarios de carrera. Hasta 40.000 personas se apuntaron a los exámenes para ocupar una de las 478 plazas citadas.

Falta de interés

Ana Luz Salazar es una de ellas. Opositó a auxiliar administrativo y logró aprobar. Figuró en la lista provisional de las personas que lograron la plaza, pero cuatro años después de aquello no sabe nada aún de su futuro. En la actualidad trabaja como interina. "Ha habido momentos en que he estado en la calle con la oposición aprobada. La Administración no tiene que esperar a que el Supremo le diga lo que debe hacer porque otras veces ya ha actuado por su cuenta, como con las subvenciones a familiares de presos", dice.

Para Salazar, el Gobierno tiene medios de sobra con que resolver la situación. "Lo más lógico hubiese sido que la Administración hubiera nombrado a los aprobados a resultas de lo que después diga el Supremo. Da la sensación de que no le interesa que se resuelva".

Lo mismo piensa Maite Hernández, quien también obtuvo plaza de auxiliar administrativo. "Lo que pedimos a la Administración es que nos facilite información". Para Hernández, "es evidente que [el Gobierno] ha hecho mal las cosas, porque, si no, la cuestión no estaría en tribunales. No dicen ni los recursos que hay, si al resolver uno se acumula el resto, si cada uno va por libre... Saben cómo va todo eso, pero no lo dicen".

Esta opositora se siente "desamparada, tanto por la Administración como por los sindicatos. Escucho lo que dicen los políticos del Gobierno de lo bien que está todo, pero veo que a sus propios trabajadores no les cuidan y les tienen sin estabilidad. Es lamentable".

Ana Ricarte consiguió otra plaza de auxiliar administrativo. Lamenta la opacidad de la Administración y también de los sindicatos que "no dicen nada". "Con voluntad de arreglo", afirma, "todo se puede solucionar, pero la Administración prefiere dejar en la más absoluta indefensión a los opositores que han logrado plaza".