¿Estado federal o relación bilateral con España?

Multilateralidad o bilateralidad. Es decir, un estatuto de autonomía pensado para funcionar como parte de un Estado compuesto o federal; o como contrato bilateral entre Cataluña y España. El choque entre estas dos concepciones es el origen de los numerosos desacuerdos registrados hasta ahora en la redacción del proyecto de reforma del Estatuto catalán. Los federalistas (socialistas, republicanos y ecosocialistas), pero también el Partido Popular (PP), defienden en general las posiciones multilaterales. Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) y, en ocasiones, Esquerra Republicana (ERC) abonan el bilateralismo.

Esta contradicción ha surgido una y otra vez en los debates de la ponencia parlamentaria impidiendo a menudo la formación de la mayoría cualificada. Aparece cuando se trata sobre las relaciones de la Generalitat con el Estado y con la Unión Europea. Surgirá probablemente en el decisivo título dedicado a la financiación de la Generalitat, todavía no debatido.

No ha habido acuerdo hasta ahora sobre este asunto y CiU mantiene por esta razón sus reservas en numerosos artículos del proyecto. Si no se halla un punto de encuentro en la segunda lectura, no habrá proyecto de reforma del Estatuto, porque los 46 diputados de CiU son imprescindibles para alcanzar la mayoría de dos tercios del Parlamento catalán (90 escaños sobre 135) requerida para su aprobación.

El otro gran desacuerdo registrado hasta ahora no tiene nada que ver con las relaciones de Cataluña con España. Es una pura y simple cuestión ideológica, que enfrenta a izquierda y derecha sobre el escenario doméstico. Los tres grupos de la izquierda (PSC, ERC e Iniciativa Verds-Esquerra Unida) quieren que la reforma sirva para incluir en el Estatuto un extenso catálogo de derechos sociales, los relacionados con las materias en las que la Generalitat tiene competencia exclusiva: familia, tercera edad, salud, enseñanza, trabajo, lenguas, participación política. Los dos grupos de la derecha, CiU y PP rechazan esta pretensión y proponen que, más adelante, el Parlamento catalán elabore una carta de derechos.

A pesar de ello, la ponencia abordó la redacción del correspondiente título. Las chispas saltaron cuando la izquierda propuso introducir el derecho de los ciudadanos a una enseñanza pública, laica y de calidad. El laicismo en la escuela se convirtió en un muro infranqueable. Lo mismo sucedió cuando la derecha reclamó la inclusión del derecho de las familias a poder escoger escuela pública en función de sus preferencias ideológicas.

Además de estos grandes desacuerdos, se han producido también otros en función de lo que los grupos interpretan como límite constitucional. Son numerosos, aunque de diversa trascendencia. Desde un asunto capital, como la definición de competencia exclusiva, que es uno de los objetivos principales de la reforma, hasta cuestiones de detalle en la clasificación de las materias en la lista de competencias exclusivas o compartidas.

Lo que sigue es un resumen de los principales desacuerdos registrados hasta ahora, cuando aún queda por redactar en primera lectura el título preliminar que tratará sobre la definición de Cataluña como nación y de sus derechos como tal, el título relativo a la financiación, y algún capítulo delicado, como el de la seguridad. Los desacuerdos se expresan en la ponencia en forma de reservas de los grupos parlamentarios a los artículos que se adoptan en primera lectura.

- Competencias. Hay sendas reservas del grupo del PSC-Ciutadans pel Canvi y del PP a definir como "íntegra y excluyente" la noción de competencia exclusiva de la Generalitat. El PP ha hecho constar su reserva a la utilización del artículo 150.2 de la Constitución para ceder a la Generalitat la gestión de competencias exclusivas del Estado en varias materias (inmigración, grandes infraestructuras del transporte, convocatoria de referendos, telecomunicaciones). El PSC y el PP han presentado sendas reservas a incluir un artículo que propone el traspaso a la Generalitat de la gestión de los servicios de la Administración Territorial del Estado en Cataluña. Es lo que se conoce como Administración Única. El PSC condiciona el traspaso a la Generalitat de la facultad de convocar referendos a que ésta se utilice sólo cuando afecte a materias de su competencia exclusiva.

- Justicia. Hay una reserva global del PP, que considera que se propone una reorganización del modelo, con la reforma de más de 250 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. CiU se opone a que el previsto Consejo de Justicia de Cataluña sea un órgano descentralizado del Consejo General del Poder Judicial: preconiza que sea un órgano desconcentrado. También existe una reserva del PP a que el conocimiento de la lengua catalana sea un requisito para ejercer en la Administración de Justicia en Cataluña.

- Relaciones Generalitat-Estado. CiU exige que los acuerdos de la paritaria Comisión Bilateral Estado-Generalitat, a la que se remiten numerosas decisiones, sean vinculantes. Por ejemplo, acerca de la ubicación en Cataluña de grandes infraestructuras del Estado, o en las negociaciones en la Unión Europea sobre asuntos en los que la Generalitat tiene competencia exclusiva. Reserva del PP a que la Generalitat nombre a miembros de los órganos centrales del Estado: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Banco de España, reguladores económicos, etcétera.

- Participación en las relaciones con la Unión Europea. Hay una reserva de PSC y PP a que Cataluña sea circunscripción en las elecciones al Parlamento Europeo; y a queel informe de la Generalitat en las materias de su competencia sea vinculante para el Gobierno español en la UE y en la firma de tratados internacionales.

- Derechos y deberes. CiU y PP se oponen a incluir este título en el Estatuto y lo remiten a una Carta de Derechos que el Parlamento aprobaría más adelante como ley. Si finalmente se introduce, CiU y PP se oponen a que consagre el derecho a una enseñanza pública laica, como defienden los tres grupos de la izquierda. El PP se opone al sesgo político del borrador del título, que considera socialdemócrata y reclama que sea ecléctico. El PP rechaza incluir el conocimiento del catalán como deber.

- Instituciones. CiU pretende limitar este título a poco más que la enumeración de las instituciones de la Generalitat y remitir su desarrollo a una ley del Parlamento. CiU y PP rechazan incluir a la Administración Local como Administración de la Generalitat, contra lo que preconizan los tres grupos de la izquierda. PSC y PP rechazan la propuesta de ERC, que CiU e ICV apoyan, de ampliar las funciones del Consejo Consultivo de la Generalitat para convertirlo en un Consejo de Garantías Estatutarias.