Coves contradice a Boliden y afirma que la Junta sí puede embargarle

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, afirmó ayer que la Administración andaluza "seguirá adelante con todo el proceso" abierto contra la empresa sueco-canadiense Boliden, cuyo próximo paso, según ya anunció, es el embargo de bienes de la compañía en Suecia y Holanda el próximo 1 de mayo por valor de 89,87 millones de euros. "Seguimos hacia delante y no cambiamos ninguno de los planes", dijo la consejera ante el anuncio de Boliden, que afirmó ayer que la Junta de Andalucía no puede ejecutar ningún embargo contra su empresa ni puede plantear legítimamente reclamación alguna contra las sociedades que forman parte de la misma.

Según informaron fuentes del grupo Boliden, la compañía no sufrirá ningún daño financiero como resultado del procedimiento legal contra Boliden Apirsa -su filial española-, Boliden BV y Boliden AB. Las fuentes señalaron que la empresa basa esta opinión en una serie de consultas que ha mantenido con un equipo de abogados españoles, quienes les han asegurado que la compañía no se verá afectada.

La Junta ha iniciado el embargo en concepto de los gastos que asumió la Administración andaluza por los trabajos de restauración de la cuenca del Guadiamar derivados del vertido producido en 1998 en las minas de Aznalcóllar (Sevilla). La Junta anunció esta acción después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolviera que Boliden debía depositar una caución de casi 90 millones de euros. La compañía Boliden había apelado ya contra la decisión del tribunal de presentar un aval, apelación que rechazó el TSJA.

Errores de diseño

La compañía mantiene que no fue culpable de la rotura de la balsa y recuerda que durante el año 2002 el proceso penal abierto demostró que las causas del siniestro fueron los errores de diseño y construcción. De hecho, su filial española, Boliden Apirsa, inició un procedimiento civil contra las compañías responsables del diseño y la construcción de la balsa y contra sus compañías de seguros, a las que reclama 115 millones de euros.

La rotura de la balsa de la mina de Boliden Apirsa el 25 de abril de 1998 provocó el vertido de seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. La mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.

De otro lado, la empresa ha incluido en su informe anual de 2004 un apartado sobre el accidente donde, a grandes rasgos,mantiene su inocencia en todo momento.