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Entrevista:

"Las secciones de crédito cooperativas dan financiación a medida"

El sector cooperativo no está dispuesto a que la normativa que aprobó el Consell en 2001 para regular las secciones de crédito haga desaparecer una fórmula financiera que consideran fundamental para las cooperativas y sus socios. En la actualidad hay 65 secciones de crédito. La Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana (Fecoav) pidió un informe a la Universitat de València para demostrar la viabilidad económica y jurídica de esta herramienta. Informe que ha coordinado Joan Ramón Sanchis, miembro investigador del Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa (Iudescoop) de esta universidad.

El informe subraya la viabilidad de las secciones de crédito y pone sobre la mesa que en otras autonomías existe legislación más favorable a esta fórmula. El pulso para cambiar esta normativa hizo que ayer Fecoav arrancar un importante compromiso al IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) y que implica una mesa técnica que proponga los cambios legislativos que permitan potenciar las secciones de crédito.

El sector acordó ayer con el IVF una mesa que propondrá cambios en la norma

Pregunta. ¿Cómo se defiende en otras autonomías a las secciones de crédito?

Respuestas. Por ejemplo, en Cataluña con la ley de 1998 han participado activamente las cooperativas a través de su federación. El segundo hecho es que no se establece ningún coeficiente que limite las operaciones activas de las secciones de crédito, lo que sí se ha intentado es evitar que una sección de crédito se convierta en la actividad principal de una cooperativa agraria, porque eso sí que sería un peligro.

P. Las secciones de crédito, en cualquier caso, son una fórmula desconocida en muchas autonomías.

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R. Se han desarrollado más en las zonas agrarias donde el cooperativismo ha buscado fórmulas de financiación propias. Ha sido el caso de la Comunidad Valenciana y en menor medida de Cataluña. Pero en estos momentos hay un esfuerzo importante en Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra o La Rioja.

P. ¿Cómo ha afectado la normativa?

R. Hay que hablar de dos efectos. Uno, la limitación de las actividades crediticias al 50% de los recursos propios de la cooperativa. Eso no cubre todas las necesidades financieras de la cooperativa agraria, que ha de buscar esa financiación complementaria. El segundo aspecto está relacionado con la posibilidad de dar de baja la sección de crédito: algunas han cedido activos y pasivos a cajas rurales, otras han firmado convenios de colaboración individual o contratos de agencia. En esos casos la actividad de las secciones queda a niveles mínimos e incluso a cero. Según la legislación el IVF podría acogerse a esto para darles de baja.

P. ¿Qué servicios pueden dar las secciones de crédito que no puedan dar otras entidades?

R. Esa es la clave. Es la tarea social que realizan. Las secciones de crédito ofrecen una financiación a las cooperativas hecha a la medida, con gran conocimiento de las verdaderas necesidades y, sobre todo, a un coste más bajo al del mercado. Esto es una reducción importante de costes para las cooperativas.

P. ¿Están condenadas si no cambia la normativa?

R. La legislación actual las tiene muy encorsetadas y está ahogándolas. Lo prioritario es reformar la legislación y se ha de hacer con una colaboración activa de la administración pública y las propias cooperativas.

P. ¿Por qué cree que hay interés en aplicar una normativa que el sector cree restrictiva? ¿Qué teme el Consell?

R. Hay dos factores: desde el principio se ha pensado que las secciones de crédito eran entidades financieras. Ese ha sido el error. El segundo motivo podría ser que ya que pueden competir con otras entidades de crédito, lógicamente hay intereses de otras entidades que han podido presionar de alguna manera.

P. También es cierto que hace unos años hubo algunos escándalos.

R. Algunas empezaron a realizar actividades con no socios, que está prohibido. Pero sólo afectó a un número muy concreto de secciones de crédito y las que existen hoy cumplen la normativa y no existe un peligro.

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