Cuando llueve veneno

La fumigación aérea, mediante avionetas especialmente acondicionadas para pulverizar diferentes sustancias químicas, es una técnica que permite combatir de forma muy rápida, y sobre grandes extensiones de terreno, distintas plagas agrícolas. En algunos casos, además, es la manera más eficiente de aplicar un producto nocivo en sus dosis más ajustadas, evitando un uso desproporcionado del mismo. Pero, al mismo tiempo, éste es un procedimiento poco selectivo, ya que la altura a la que operan las avionetas, las condiciones meteorológicas o la propio orografía de los campos de cultivo provocan la deriva de los pesticidas, que pueden acabar depositándose sobre parcelas que no deberían tratarse e, incluso, sobre zonas habitadas o ecosistemas particularmente frágiles.

En Andalucía, las fumigaciones aéreas se emplean, desde hace años, en la lucha contra la mosca del olivo, plaga que todos los veranos merma la calidad del aceite obtenido en aquellas explotaciones afectadas por este insecto. Alrededor de 900.000 hectáreas de olivar, sobre un total de 1.400.000, reciben todos los años tres o cuatro tratamientos usando este procedimiento, para lo que se requieren unos 200.000 litros de pesticidas. La sustancia que con mayor frecuencia se utiliza en estas fumigaciones es el dimetoato, un organofosforado muy tóxico para el ser humano.

Hace ya más de 10 años que diferentes colectivos de agricultores y ecologistas vienen oponiéndose a este tipo de fumigaciones, sobre todo en comarcas muy sensibles, como las que se incluyen en el interior de algunos parques naturales, donde los pesticidas han acabado por afectar a terrenos protegidos, cultivos ecológicos, explotaciones ganaderas o zonas habitadas.

A finales de febrero, representantes de algunas de estas asociaciones, con Ecologistas en Acción a la cabeza, constituyeron en Montilla (Córdoba) la Mesa Andaluza por la Sustitución de las Fumigaciones Aéreas, que ya se ha puesto en contacto con los máximos responsables de las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente tratando de buscar una solución a este problema.

A pesar de que la ley marca unas condiciones muy precisas a la hora de realizar estos tratamientos, los responsables de la mesa consideran que "si la normativa se cumpliese estrictamente sólo se podrían usar avionetas en zonas de campiña con olivar intensivo dispuesto en grandes explotaciones o en masas compactas, ya que de otra forma es objetivamente imposible evitar daños colaterales". Debido al marco de plantación irregular de muchos olivares, y en particular de aquellos que crecen en pendiente, más del 35% del pesticida arrojado desde el aire, sostienen los ecologistas, no cae sobre el olivo, sino sobre el suelo, provocando la contaminación del mismo y afectando a numerosos seres vivos.

Estos problemas se han manifestado, sobre todo, en zonas como la Sierra de Segura (Jaén); Sierra de Castril, Alpujarras y valle de Lecrín (Granada); Axarquía (Málaga) y campiña de Córdoba. En la mayoría de los casos han sido los agricultores ecológicos los que han liderado las protestas ya que sus cultivos, que pierden todo el valor si reciben sustancias químicas, han sido fumigados a pesar de estar convenientemente señalizados con banderas visibles desde el aire.

La Unión Europea, que financia el 75% de los costes de la fumigación aérea, ya recibió el pasado año una propuesta, presentada por la Red de Acción sobre Pesticidas, para que estas prácticas se prohibieran en el plazo de cinco años, y aunque se desestimó la Dirección General de Medio Ambiente trabaja en una estrategia que disminuya el impacto ambiental de estos agentes tóxicos. La consultora alemana Bipro, que ha redactado el informe de situación y las posibles soluciones al problema por encargo de Bruselas, cita expresamente el caso de las fumigaciones aéreas en olivares andaluces, admitiendo que no son sostenibles desde el punto de vista ambiental.

Como posibles soluciones se indican la mencionada prohibición total, que sólo parece viable en espacios protegidos, la prohibición con excepciones, que reduciría en un 80% las fumigaciones aéreas, o el establecimiento de nuevas normas que obligaran, por ejemplo, a sustituir las avionetas por helicópteros, más precisos en la aplicación de los pesticidas pero también más caros.

La Mesa Andaluza por la Sustitución de las Fumigaciones Aéreas sostiene, por su parte, que la administración autonómica debería adelantarse a la Comisión Europea, poniendo en marcha este mismo año "un plan de reducción en el uso de plaguicidas, tal y como han hecho en Alemania o Reino Unido".