Querellas

Ya que ha dejado de existir el oasis catalán ha tomado vigor el pantano andaluz. Las diferencias políticas se sustancian en los tribunales. No está claro si la natural pasión de la gente del sur tiene que ver con los excesos verbales o el hecho de que la mayoría de los dirigentes de los partidos de la oposición estén fuera del Parlamento les obliga a cargar las tintas para obtener la notoriedad que no consiguen en la cámara. Puede también que lo de "el poder desgasta, sobre todo al que no lo tiene" cree impotencia. PP y PA han promovido un espectáculo procesal: en vez de mandar a un procurador a poner la querella, concentran a todos sus dirigentes en la puerta del juzgado, en un anticipo de la feria sevillana. El caso del PP es llamativo, en primer lugar porque no ha guardado duelo por la muerte del Santo Padre, que tanto afecta a sus votantes y dirigentes. Además, tienen en nómina un juez que visto lo visto da miedo pensar cuando vuelva a la judicatura. La estrella emergente del firmamento popular, la alcaldesa de Fuengirola, no sólo no pide perdón por el colosal fiasco de los supuestos hermanos de la Consejera de Gobernación, sino que participa en la liturgia de la segunda operación en la que se desvelan nombres nuevos. No se sabe quién analiza la información, si se utilizan bases de datos informáticas o hay alguien con el dedo pasando lista.Eso sí, Zoido parece el Inspector Clousseau de la política andaluza. El Ayuntamiento de Sevilla no se ha quedado atrás. No obstante parece improbable que las querellas puedan prosperar, entre otras cosas porque los jueces suelen dar un margen muy amplio para la crítica política. Al final todo se hace para salir en los medios de comunicación. En Cádiz, capital de la querella, donde los notarios corren detrás de los periodistas por encargo del Ayuntamiento del PP, se ha dado quizás la única sentencia condenatoria a un político en toda Andalucía: la que le ganó el Teniente de Alcalde de Hacienda, José Blas Fernández, a la entonces portavoz del PSOE y hoy jefa del gabinete del alcalde de Sevilla, María de la O Jiménez, condenada por haber acusado al concejal popular de beneficiar a los clientes de su despacho profesional en su actuación municipal. Aquello le costó a las arcas socialistas o a las personales de la antigua concejala la suma de tres millones de las antiguas pesetas.