El PP nos confisca información pública

El artículo 23.1 de la Constitución lo proclama bien claro: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal". Sin embargo, es indignante, cuando no deprimente, el esfuerzo y las marrullerías que el Gobierno autonómico despliega para hurtar a los administrados la información sobre asuntos de interés general, unas veces graves, otras no tanto, que en ningún caso pueden considerarse secretos de sumario, confidenciales o exclusivos del elenco gobernante. ¿Que siempre ha sido y será así? Es posible, pero aquí y ahora juzgamos una apropiación indebida que se efectúa al amparo y por voluntad del PP, partido que se postuló como adalid de la transparencia. Ejemplos al canto.

La mesa de las Cortes ha rechazado esta semana más de 200 preguntas formuladas por la oposición acerca de los contratos suscritos con despachos de abogados. Se sabe que han sido un fardo, que han costado una riñonada y que entre ellos figuran firmas de prestigio, muchas de ellas proclives o profesas del partido. El Gobierno alega que esa información concierne a personas físicas o jurídicas sin trascendencia pública. Un pretexto capcioso a cuya sombra puede llevarse a cabo toda suerte de enjuagues y que en modo alguno invalida el derecho del contribuyente a saber cómo y con quién se gastan sus dineros. Que el rimero de preguntas sea a veces excesivo y aun abusivo no exime de atender las que son esenciales ni justifica la pertinaz grosería política de dar la callada por respuesta.

Pero es que, además, llueve sobre mojado porque viene siendo una práctica usual que la Cámara prorrogue o eluda interpelaciones, propuestas y preguntas de tal manera y en tal cantidad que el debate parlamentario es a menudo algo ajeno y lejano a la vibración de la calle. No puede pasar un año o bastante más desde que se presenta una iniciativa hasta que se produce una respuesta o debate parlamentario. Unas Cortes de tal guisa son un mero artificio prescindible que no se enmienda abriendo sus puertas a las visitas turísticas de escolares y jubilados. La solución, dicen, está en la reforma del reglamento. Pero también, y en buena parte, en la voluntad y atributos de su presidente, el inefable Julio de España. Pero ni éste ni su partido están por la labor. Por este camino, el hemiciclo puede acabar siendo un adorno estatutario o un asilo privilegiado para desempleados.

Pero el fenómeno no se limita a tan alto órgano. La callada por respuesta o la confiscación a la brava de información se practica en todos los niveles de la Administración y con escandalosa frecuencia. Todavía están recientes las peripecias circenses del Consell para eliminar documentos relativos a los tráficos delictivos del Ivex, o el hermetismo en torno a Ciegsa, que tantos desvelos detectivescos exigió a la diputada socialista Ana Noguera. Más recientes son episodios como el del alcalde de Benaguasil, obligado por el Tribunal Superior de Justicia a mostrar unos expedientes, ciertamente irregulares, a la oposición; o la trifulca de la Consejería de Territorio con un ecologista que pretendía consultar un expediente; o la ocultación de documentos sobre los presuntos chanchullos del Ayuntamiento de Orihuela, o el pintoresco numantinismo de la Consejería de Sanidad impidiéndole a una diputada del PSPV la fotocopia de un informe sobre la financiación del sistema sanitario. Y no digamos el apagón informativo que el Gobierno ensaya cuando se le inquiere acerca de los gastos de protocolo y otras minucias.

Bastaría exprimir un poco más la hemeroteca para ilustrar hasta la saciedad esta grosería o arrogancia con la que nos trata la Administración, ya directamente, ya mediante nuestros representantes. Una actitud, la del Gobierno, que, además de conculcar la Carta Magna, contribuye a envilecer la democracia, ensanchando la distancia entre el ciudadano y los asuntos públicos, convertidos arbitrariamente en predio reservado del partido gobernante. Y eso es una corrupción como una catedral, aunque no siempre se acompañe del manido maletín o conlleve tropelías económicas.