El PP es el partido que acumula más anuncios incumplidos de acudir a los tribunales

El caso de las facturas falsas e irregulares emitidas en el distrito Macarena no sólo ha obligado a dimitir a un edil y un director de área del Ayuntamiento de Sevilla. También ha originado un vertiginoso cruce de denuncias en los juzgados entre los partidos. En los últimos años, se ha intensificado el recurso a la vía judicial para contrarrestar las críticas del oponente o reforzar las críticas propias a la gestión de las administraciones. El PP es, de largo, la formación que más amenaza con llevar a los tribunales a los demás partidos, aunque en la mayoría de los casos esas amenazas se quedan en anuncios incumplidos.

El descubrimiento de las facturas fraudulentas en el Ayuntamiento de Sevilla llevó primero a la oposición (PA) y después al propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, a presentar sendas denuncias ante la Fiscalía hispalense para que delimite si ha habido alguna responsabilidad penal por parte del empresario José Pardo o algún funcionario municipal. Pero, después, lo que empezó como una petición de intervención al poder judicial para que investigue una irregularidad en el ámbito de una administración local, se enredó en usos más políticos que judiciales. El PP pidió la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, una petición con muy pocas posibilidades de prosperar, ya que este órgano investiga casos "de especial trascendencia". Y el PSOE se querelló el líder del PP, Javier Arenas, y la dirigente local del PA, Paola Vivancos, por haberle imputado supuestas prácticas corruptas.

Los populares reaccionaron con dureza tras esta última iniciativa socialista ante los tribunales por considerar que perseguía "amordazar" a quienes critican al PSOE. Sin embargo, un recuento de las actuaciones de este tipo en los últimos tres años y medio evidencia que es el Partido Popular el que más contribuye a la judialización de la política andaluza, una práctica que alcanzo su cénit en la década de los años noventa. Desde 2002, los populares han amenazado al menos en 33 ocasiones con acudir a los tribunales para denunciar a otro partido político sin luego formalizar la denuncia; una vía para mantener la crítica política viva en los medios de comunicación. En este tiempo el PP presentó diez denuncias y otros cinco asuntos quedaron archivados. Los anuncios incumplidos por el PSOE fueron muchos menos (diez desde 2002), aunque el número de denuncias formalizadas fue similar (doce). El recurso a la vía judicial contra otros partidos es marginal en el caso del Partido Andalucista e Izquierda Unida.

Las amenazas de Martínez

"Querellarse contra la oposición por lo que opina, suena a Franco o a Fidel Castro", indicó el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, después de que el PSOE se querellase contra él por sus alusiones a la "corrupción generalizada" en la gestión socialista. Una opinión que también cabría aplicarse a su predecesora en la presidencia del partido, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Buena parte de las amenazas incumplidas de los populares de presentar denuncias ante los tribunales se deben a la primera edil de la capital gaditana, que ha amagado varias veces con querellarse contra los grupos de la oposición por las críticas a su gestión al frente del Ayuntamiento de Cádiz.

Expertos jurídicos señalan que el margen de crítica entre los políticos es mucho más amplio que el que tolera la ley para el resto de ciudadanos. Y que, para incurrir en una injuria dentro de la crítica política, lo habitual es considerar si las expresiones son "vejatorias" para el honor de los aludidos. "El político que usa la justicia como recurso político se desacredita a sí mismo ante la ciudadanía", concluye el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo. Otros expertos advierten de que el intercambio de insultos, anuncios de denuncias y querellas son estrategias que llevan a los ciudadanos a desentenderse de la política andaluza.