El PP rechaza la comarcalización en la reforma del Estatut y mantiene el peso de las provincias

El proceso de reforma del Estatut d'Autonomia valenciano dio ayer un nuevo paso adelante, pero otro hacia atrás. La ponencia creada en las Cortes debatió el informe elaborado por los letrados. Una de las modificaciones más significativas que proponía era la referida a organización territorial de la Comunidad Valenciana. EU pretendía modificar con el apoyo de los socialistas el artículo 3 para incluir las comarcas como parte del territorio, junto a los municipios y a las provincias. Pero el PP no lo aceptó. Además, los populares dieron marcha atrás y finalmente no aceptaron la propuesta, aprobada anteriormente por unanimidad, de eliminar la referencia a la posibilidad de que la Generalitat ceda competencias a las diputaciones.

Joan Ignasi Pla dice que los socialistas quieren una reforma "ambiciosa"

Francisco Camps niega que se haya acordado la "eliminación" de las Diputaciones

El preámbulo es el punto de partida para las posteriores menciones a la estructura comarcal que los partidos pretendían introducir en el articulado. La redacción vigente señala que el Estatut "constituye la manifestación de la voluntad autonómica del pueblo de las provincias valencianas". Una referencia necesaria cuando se redactó la norma valenciana, para definir su ámbito de aplicación. EU quería cambiar el preámbulo y sustituir la referencia a las provincias por la genérica "pueblo valenciano". El PP, que no quería cambiar el preámbulo si no había unanimidad, proponía introducir en ese apartado una referencia a Els Furs. La iniciativa de EU pretendía que el nuevo Estatut se pueda adaptar a una hipotética modificación de la Constitución que suponga la desaparición de las diputaciones, según fuentes de la oposición. En consonancia con ello, se modificaría el artículo 3, según el cual "el territorio de la Comunidad Autónoma comprende el de los municipios integrados en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia" y que quedaría completado con el añadido de "y, en su caso, de las comarcas". En su informe, los letrados interpretaron que en el futuro esto permitiría "encuadrar la comarcalización como organización territorial distinta a la de las provincias". Pero el PP no aceptó tampoco esa modificación.

En este sentido, otra reforma era la relativa a la delegación de competencias por parte de la Generalitat a las diputaciones. En una de las reuniones de la ponencia se había acordado por unanimidad eliminar el apartado del artículo 47 que prevé la cesión de competencias de la Generalitat a las diputaciones. Así constaba en el informe que se debatió ayer. Pero, tras la publicación del borrador de ese acuerdo ayer en varios medios, el PP dio marcha atrás.

Con todo, ayer la ponencia aprobó el informe, después de cambiar algunas cosas y de especificar más los puntos en los que han surgido discrepancias entre los grupos parlamentarios. La oposición insistió en que es sólo "un papel", producto de una "comisión de estudio", y en que aún queda mucho camino por recorrer para concluir el proceso de reforma estatutaria.

La pretensión de reducir el peso de las diputaciones fue desmentida ayer por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien negó con rotundidad que los ponentes hubieran acordado su "eliminación". Antes, José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, había expresado su rechazo a la posibilidad de reducir el papel de las corporaciones provinciales. "Es un camino equivocado y hablar de eliminar esa posible delegación de competencias y convenios es ridículo", explicó el también presidente provincial del PP de Alicante y cabeza visible del zaplanismo.

Por su parte, el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, dijo que la eliminación de la mención a las provincias en el Estatut no significa una modificación esencial del preámbulo o el título primero sino que "mejorará cualitativamente el texto", informa María Fabra. Precisamente, ayer por la tarde Pla pronunció en el Colegio de Abogados de Valencia una conferencia sobre la reforma estatutaria, que, dijo, los socialistas quieren "ambiciosa" y que vaya "en la línea de los países federales más avanzados de Europa y del mundo". Y defendió que sea ratificada por referéndum

Otras modificaciones tratadas por la ponencia de reforma del Estatut afectan a cuestiones diversas.

- DISOLUCIÓN ANTICIPADA. Es una de las aspiraciones que han concitado más consenso. Todo empieza por eliminar del artículo 12 la referencia al cuarto domingo de mayo. Hay acuerdo para incluir la capacidad de disolución de las Cortes entre las facultades del presidente de la Generalitat, con el límite de que no pueda ejercitarse en el primer año de una legislatura ni cuando esté en trámite una moción de censura. No hay consenso, en cambio, en torno a la posibilidad de otorgar la capacidad de disolución al pleno de las Cortes por mayoría de dos tercios, destinada a evitar problemas concretos y coyunturales, con el caso de la Comunidad de Madrid del verano del año 2003 como ejemplo más cercano.

- NÚMERO DE DIPUTADOS. El Estatut vigente establece un mínimo de 75 diputados y un máximo de 100. Los ponentes proponen un mínimo de 99, sin referencia al número máximo de parlamentarios, con al menos 20 por circunscripción y de manera que el sistema resultante no suponga una desproporción que sobrepase la relación de 1 a 2,5, frente al 1 a 3 actual. Hay acuerdo para ampliar la inviolabilidad de los diputados, ahora limitada a los actos parlamentarios.

- BARRERA ELECTORAL. El PP no es partidario de rebajar la actual barrera del 5% de los votos en el conjunto de la Comunidad Valenciana para obtener representación parlamentaria. Pero los ponentes se muestran de acuerdo en sacar esta cuestión del Estatut, lo que no impediría mantener la barrera en la Ley Electoral Valenciana.

- ECONOMÍA Y HACIENDA. Los ponentes están de acuerdo en incrementar la participación y responsabilidad de la Generalitat en la Administración tributaria en el marco del ordenamiento constitucional, aunque con discrepancias significativas, sobre todo por lo que respecta a la creación de una Agencia Tributaria Valenciana consorciada con la estatal.

- JUSTICIA. Se ha alcanzado un acuerdo básico para que el Tribunal Superior de Justicia sea el órgano jurisdiccional que culmina la organización en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, con la excepción de los recursos de casación en unificación de doctrina que corresponden al Tribunal Supremo. Se ha consensuado la existencia de un Consejo Valenciano de la Justicia, aunque sin concretar su composición, competencias y funciones, ni el alcance que en el marco constitucional podría tener esta institución de nueva creación. También hay acuerdo para que se reconozca el derecho de todos los valencianos a poder dirigirse a la Administración de Justicia en cualquiera de los dos idiomas oficiales.

- DERECHO FORAL. Se ha acordado incluir una nueva disposición transitoria según la cual la competencia relativa al Derecho Civil Valenciano se ejercerá "a partir de la normativa civil foral derogada por el Decreto de Nueva Planta, recuperado éste y ejercitada aquella mediante la actualización de la contenida en el régimen foral del histórico Reino de Valencia".