La Junta dio un menor en acogida a una familia vecina del padre biológico
Francisco Verdugo recuperó a cuatro hijos y reclama otros dos
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Francisco Verdugo entregó a sus seis hijos a la Junta de Andalucía en octubre de 1997 porque ni él, que peleaba para desintoxicarse, ni la madre, enganchada, podían atenderlos. Los visitó de forma regular hasta que entró en prisión, momento en el que perdió la tutela de los menores. Cuatro han vuelto con el padre, que normalizó su vida hace varios años, pero Verdugo reclama el regreso de los otros dos. Uno de ellos fue entregado en acogida a una familia que residía "a 50 metros de mi casa".
La sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acogió ayer, una vez más, a un progenitor indignado por la actuación del servicio de protección de menores de la delegación provincial de Igualdad y Bienestar Social de Sevilla. Francisco Verdugo, de 39 años, reclama el regreso de sus dos hijos menores, un niña de 12 y un adolescente de 14, que hace años fueron entregados en acogimiento preadoptivo por la Junta de Andalucía. Verdugo desconoce el paradero de su hija y también debería ignorar el de su hijo, pero según relató ayer se encontró un día con el niño en el pueblo donde vivía. "Se lo dieron a una familia que vivía a 50 metros de mi casa", aseguró ayer.
La familia que recibió al menor en acogida estaba, además, emparentada con una empleada del propio Verdugo, que por entonces regentaba un bar en una localidad sevillana. "Tenía una foto con mis hijos en el bar y un día la cocinera me preguntó quiénes eran y cuando le dije que eran mis hijos vi que se ponía blanca", narró ayer. El padre fue denunciado por acosar a su hijo y, al cabo de seis o siete meses, cerró el bar y abandonó el pueblo, según su propio relato. El próximo 9 de mayo se celebrará la vista por la adopción de este niño, a la que se ha opuesto Verdugo.
La Junta intervino en el caso de estos menores a petición del propio padre en 1997. Tanto él como su pareja de entonces tenían adicción a las drogas. El hombre, que aquel año dejó a los menores con la madre y la abuela mientras se sometía a un programa de desintoxicación en Málaga, decidió pedir ayuda a la administración pública al ver lo desatendidos que estaban a su regreso. Los seis niños entraron en el centro San Juan de Ávila, de Carmona (Sevilla), el 2 de octubre de 1997. Tenían entonces 5, 7, 9, 11 y 12 años. El padre dispuso de un régimen de visitas quincenal hasta que entró en la cárcel para cumplir una condena de un año por un robo cometido en un colegio que él tenía que vigilar. "Antes de salir recibí una carta de la Junta diciendo que me retiraba la tutela, y ya no volví a saber de mis hijos hasta que un día apareció mi hijo mayor en mi casa", explicó ayer.
Los hermanos fueron separados a partir de 1999. El mayor, Alejandro, de 19 años, aseguró ayer que el personal de los centros "me decía que mi padre seguía en la droga, vendiendo en los semáforos". Alejandro fue separado del resto. "Con 15 años cogí la mochila y me escapé a buscar a mi padre, y ya comenzamos a vernos a escondidas", recordó ayer. Finalmente logró que la Junta autorizase el regreso con su padre. "Yo quería estar con él, estaba amargado en el centro, todo el día con peleas y en la calle", recordó en la conferencia de prensa, donde también intervinieron sus hermanas gemelas Miriam y Alicia, de 18 años. Ambas, que rechazaron irse a vivir con tres familias de acogida, regresaron con su padre al cumplir la mayoría de edad después de siete años en un centro.
El cuarto de los hermanos que ha retornado con el padre biológico es aún menor, de 16. "Como es problemático me lo han devuelto y desde que está conmigo no he recibido la visita de una trabajadora social ni de nadie", se quejó ayer Verdugo. "Si estoy capacitado para tener a cuatro, estoy capacitado para tener a seis", añadió. Este caso, según Asunción García, la representante de Derechos Humanos en el tema de menores, reproduce "el mismo patrón" de otros registrados en Sevilla donde se han separado a los hermanos.
72.000 euros por un niño
La Junta de Andalucía tendrá que indemnizar con 72.000 euros a Carmen Fernández por la imposibilidad de ejecutar una sentencia que establecía la devolución de sus dos hijos, dados en acogimiento, debido al tiempo transcurrido, según una sentencia del juez de Familia Francisco Serrano. El fallo será recurrido por la defensa de la mujer, que considera "paupérrima" la indemnización, según informó ayer Diario de Sevilla. La Junta declaró en 1996 el desamparo de los dos hijos de Carmen Fernández debido a su adicción al alcohol. La mujer, que se rehabilitó en un año, comenzó a pelear por recuperar a los niños en un litigio que llegó al Tribunal Constitucional. Las resoluciones judiciales contradictorias no ayudaron a agilizar el procedimiento. Cuando ganó el caso finalmente, el juez Serrano concluyó que era imposible ejecutar la devolución, aunque la niña regresó de forma voluntaria con la madre.
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