El fiscal pide imputar a 2 funcionarios y 5 empresarios por el derribo de Granada

El fiscal encargado de la investigación del derribo de un muro en Granada que mató en diciembre a un inmigrante indocumentado entregó ayer su primer informe al juzgado de instrucción. En él, según fuentes del caso, se pide la imputación de dos funcionarios del Ayuntamiento de la capital (gobernado por el PP) y de cinco empresarios para comprobar si han incurrido en los siguientes delitos: homicidio por imprudencia, lesiones por imprudencia, por vulnerar los derechos de los trabajadores, por contratación irregular, y por las condiciones ilegales en las que trabajaban los empleados de la obra.

El albañil fallecido, Guillermo España, era un inmigrante ecuatoriano de 26 años, que no tenía permiso de trabajo ni de residencia. El inmigrante murió en la demolición de un edificio en la cuesta de Gomérez, que el Ayuntamiento contrató con la empresa Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, encargada habitualmente de ejecuciones subsidiarias municipales (las que se niegan a realizar los propietarios de inmuebles en ruina). Rehabilitaciones y Demoliciones Granada no ejecutó la obra, que fue subcontrata dos veces. La Fiscalía ve indicios de delito en cinco empresarios relacionados con las tres firmas implicadas en la cadena de subcontratación.

En cuanto a los dos funcionarios municipales, la Inspección de Trabajo ya apreció que el Ayuntamiento era responsable de una de las diez infracciones graves y muy graves que se produjeron en la demolición de la cuesta Gomérez, por lo que proponía una sanción de 90.151 euros. La Inspección entendió que incumplió su obligación como promotor de velar por que se siguiesen las normas de prevención de riesgos laborales o, al menos, por que los responsables contratados para supervisar esa cuestión desarrollaban efectivamente sus funciones. El informe del fiscal también propone nuevas líneas de investigación sobre las supuestas irregularidades en la contratación de la obra por parte del Ayuntamiento.