Vivir en sociedad
La crisis de la política no es sólo atribuible a los políticos. La ciudadanía también tiene que asumir su responsabilidad en este asunto. No sólo por aquella idea según la cual "los políticos son el reflejo de la sociedad que representan", sino por los muchos indicios que disponemos sobre la existencia de una dimisión individual en el ejercicio y la asunción de la responsabilidad ciudadana. No es exagerado afirmar que en nuestra sociedad se puede localizar una tendencia creciente al no ejercicio de las obligaciones implícitas que existen de hecho al formar parte de una sociedad o de una colectividad. No es posible construir ningún proyecto en común si sólo se está dispuesto a recibir los beneficios de formar parte de esa comunidad y no se está en predisposición de ofrecer nada a cambio a esa misma comunidad.
Ciertamente, éste no es un fenómeno nuevo y es evidente que siempre han existido aquellos que se han aprovechado para mejorar sus condiciones de vida de los logros de la acción colectiva ejercida por otros. ¿Cuántos barrios de nuestras ciudades no han visto cambios positivos en el bienestar de los que allí viven gracias a las mejoras del paisaje urbano y de sus infraestructuras básicas obtenidas por la presión y la movilización de sólo unos pocos del vecindario? ¿Cuántos trabajadores no han visto mejorar sus condiciones laborales y su retribución sin estar tan siquiera sindicados? Que no sea un fenómeno nuevo no es motivo suficiente para dejar de preocuparnos. Y en cualquier caso, la sensación que produce una mirada actualizada a nuestra sociedad es que estas actitudes han tendido a incrementarse y por otro lado a derivar en nuevas expresiones aún más preocupantes.
Como ejemplo de estas derivas más recientes podemos citar las pancartas en las ventanas de muchas viviendas de algunos barrios de Barcelona a través de las cuales los vecinos exigen que determinadas infraestructuras ferroviarias no se hagan debajo de su casa. O puede ser sencillo refrescar la memoria y recordar algunas de las movilizaciones que se han producido recientemente a lo largo de la geografía de nuestro país contra la ubicación de determinados equipamientos (prisiones, algunas comisarías, centros de rehabilitación y desintoxicación e incluso algún tanatorio y más de una residencia de ancianos), a pesar de que todos estos equipamientos forman parte de un modelo social de desarrollo ampliamente aceptado y valorado. Para entendernos, el problema no está en el rechazo de la prisión como institución, sino en la negativa a que la prisión esté en nuestro municipio o en nuestro barrio. Nos preocupan la drogadicción y los problemas sociales que comporta, pero no vamos a tolerar que en la zona donde vivimos se instale ese centro de desintoxicación. Es evidente que la mayoría de la población quiere más despliegue policial, pero eso no quita que nadie desee ni acepte la comisaría en el solar vecino a su vivienda.
No es razonable estar a la espera de recibir permanentemente los resultados de vivir en sociedad sin ofrecer o requerido en cada momento por las circunstancias para mejorar precisamente esa vida en sociedad. Es realmente difícil dibujar un escenario de futuro cuando los intereses propios pasan claramente a ser un acto reflejo de protección ante lo que percibimos como la amenaza que nos provoca determinada concreción de determinados "intereses colectivos" o "bienes públicos". Parece ridículo, pero lo poco que aceptamos de lo público en nuestro entorno residencial son las zonas verdes o ajardinadas, eso sí, sin que dispongan de un pipicán en su interior.
Es evidente que en determinadas ocasiones el desarrollo del interés general requiere el sacrificio de una parte -normalmente pequeña- de esa colectividad. Y es igualmente evidente que no se puede pedir siempre a los mismos que asuman los costes que a veces supone el interés público. Pero igualmente cierto es que no podemos estar pendientes siempre de cómo externalizamos de nuestro particular entorno residencial estos costes. Estamos ante un problema de falta de sensibilidad social o, si se prefiere, de ausencia de virtudes cívicas. Empezamos a recoger los frutos de determinadas ideas que con fuerza han ido imponiéndose en las últimas décadas. De alguna manera, estas actitudes pueden ser ya el resultado en lo comunitario de la ideología neoliberal. El yo gana terreno de manera peligrosa al nosotros, hasta el extremo de poder apreciar síntomas de irresponsabilidad individual para el necesario funcionamiento de la comunidad.
En este contexto la acción política es enormemente difícil. No es posible que el gobierno de una sociedad se traduzca en gran medida en la gestión de los conflictos derivados del desarrollo de determinadas actuaciones de innegable interés general. Y es aquí donde los políticos tienen también alguna responsabilidad, ya que en demasiadas ocasiones acaban siendo presas de las perversas lógicas electoralistas. Ante el temor de supuestas decisiones impopulares, optan por abdicar de sus responsabilidades en el gobierno de la comunidad, cediendo a intereses particulares y renunciando a decisiones de interés público, alimentado así, involuntariamente, esas posiciones. La sociedad será políticamente y democráticamente sostenible sólo si todos y cada uno de sus integrantes estamos dispuesto a asumir una parte de los costes que representa el progreso y modelo social que decimos desear. Ése es uno de los retos políticos de los próximos años, educar y aprender a vivir en sociedad.
Jordi Sánchez es profesor de Ciencia Política.
