El Gobierno prohibirá por ley el uso partidista de campañas institucionales
Los ciudadanos podrán denunciar incumplimientos de las normas de las campañas institucionales del Gobierno y pedir su cese ante una comisión interministerial y tendrán que recibir respuesta en tres días, según anunció ayer la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, tras presentar ante el Consejo de Ministros un informe sobre el proyecto de regulación de la publicidad y comunicación institucional.
Dicho anteproyecto es un compromiso electoral del PSOE que tomó cuerpo al hilo de las campañas propagandísticas que organizó el ministro del Trabajo del último Gobierno del PP, Eduardo Zaplana, sufragadas con fondos públicos, en las que resaltó las subidas de pensiones, que eran automáticas por el cumplimiento del Pacto de Toledo entre el PSOE y PP.
Ayer, Fernández de la Vega, tras recordar que el Estado es un "importantísimo anunciante" y que los Presupuestos Generales del Estado recogen este año una inversión en publicidad de más de 60 millones, se comprometió a "evitar las campañas de autobombo".
En alusión a las campañas de Zaplana, la vicepresidenta dijo que se acabaron "las campañas propagandísticas en las que no se sabe cuánto se paga, para quién, a qué y por qué". También precisó que el anteproyecto del Gobierno prohibirá campañas institucionales que "ataquen a otras administraciones o que confundan mensajes de partidos políticos".
La vicepresidenta añadió que se respetará la pluralidad lingüística, que los discapacitados tendrán garantías de acceso a estas campañas y que se seguirán criterios objetivos en la contratación, y evaluación de las mismas. Precisó que habrá un plan anual previo, que deberá aprobar la comisión interministerial, y un informe anual posterior que recogerán las campañas de comunicación del Estado previstas y las realizadas con su presupuesto, objetivos, etc.
El Consejo de Ministros también nombró ayer los siguientes embajadores: Luis Javier Gil Catalina, en Ucrania; Miguel Aguirre de Cárcer, en la República Eslovaca; Santiago Chamorro, en Kazajistán; José Luis Dicenta, en Albania, y Juan Manuel López, en la Unión de Myanmar. Ascendieron a la categoría de embajador Pablo de Benavides, Carlos Westendorp y Jesús Ezquerra.
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