Arenas anuncia una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por las facturas falsas de Sevilla

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, presentará el lunes ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por las irregularidades detectadas en el distrito Macarena de Sevilla. El dirigente popular hizo ayer este anuncio en Murcia, tras mostrar su preocupación por "el clima de corrupción generalizada" en Andalucía. Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, PP y PA, no se creen la versión del gobierno municipal, que ayer insistió en que desconocía la demanda interpuesta en octubre por tres obreros contra la empresa Contratas y Obras de Sevilla (COS) y el consistorio.

El expediente judicial llegó el 29 de octubre a los servicios jurídicos municipales, pero el jefe de este departamento y el portavoz municipal aseguran que el gobierno no fue informado, lo que, según la oposición, "no es creíble". El portavoz del gobierno municipal, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, aseguró ayer que cada día entran al Ayuntamiento "10 o 15 casos" judiciales, pero que la asesoría jurídica sólo informa cuando ya hay una sentencia firme. "Mientras el proceso está abierto, ni este ni ningún otro de los cientos de temas, se pone en conocimiento del gobierno", señaló Rodíguez de Celis.

La versión del portavoz coincide con la que dio el jueves el jefe de los servicios jurídicos, Antonio Barrero, quien afirmó que su departamento no informó al gobierno "porque nunca se hace". Según Barrero, el letrado municipal que se hizo cargo de la demanda en octubre no detectó entonces nada extraño en el nombre de José Pardo porque el asunto de las facturas falsas aún no era conocido.

El abogado, según el asesor jurídico, no se percató del caso al que hacía referencia la demanda hasta que hace unos días recuperó el expediente para preparar el juicio del próximo 5 de abril. Tampoco entonces, asegura Barrero, se informó oficialmente al gobierno, aunque sí se comentó el caso con algunos miembros del equipo de Monteseirín.

La oposición no dio ayer credibilidad a la explicación del gobierno ni a la del asesor jurídico. "¿En qué cabeza cabe que el 18 de marzo, cuando hace el paripé de ir a la Fiscalía [para denunciar el caso de las facturas] y acompañado del jefe de la asesoría jurídica, nadie de ésta le iba a decir que hay una demanda contra Pardo y contra el Ayuntamiento desde octubre?", se preguntó el portavoz popular, Jaime Raynaud. El dirigente del PP considera que "no es serio" por parte del gobierno escudarse en los servicios jurídicos y que, en el caso de que estos realmente no hayan informado al alcalde, es "responsabilidad" de Alfredo Sánchez Monteseirín.

Los andalucistas fueron más allá y pidieron al alcalde que "no utilice" a los funcionarios municipales, "que se encuentran en una situación muy comprometida". Preguntada sobre si creía que el gobierno había instado a los funcionarios de los servicios jurídicos a mentir, dijo: "No tengo pruebas de eso. Pero digo que no use en ventaja del gobierno la desventaja en la que están los funcionarios".

El alcalde, por su parte, reunió ayer a la mayoría de sus delegados municipales y al personal de confianza de su grupo, a los que instó a trabajar con "disponibilidad absoluta" y "concentración máxima". "Quieren [por la oposición] que nos paremos, pero van a encontrarse justo con la reacción contraria: hiperactividad", señaló Monteseirin, quien expuso a los funcionarios las medidas puestas en marcha por el gobierno para investigar el asunto.

El alcalde se pronunció también sobre la "estrategia" de la oposición, que ahora consiste, dijo, en "colar todo tipo de mentiras". "Por el hecho de que una de sus denuncias sí fue cierta, ahora parece que el crédito de credibilidad es ilimitado, cuando todos sabemos que son mentirosos compulsivos", afirmó Monteseirín, en referencia a algunas de las últimas denuncias de la oposición, que según las explicaciones del gobierno se han demostrado falsas.