Olvidémonos de ellos

En diciembre de 2004 todos fuimos informados de que el sistema educativo español es uno de los peores de Europa, a la cola entre los 30 países más desarrollados de la OCDE. Según el prestigioso Programme for International Student Assessment (PISA), los estudiantes españoles de 15 años están por debajo de la media a la hora de comprender lo que leen y de hacer ejercicios matemáticos y científicos básicos. Las encuestas dicen, sin embargo, que los ciudadanos desconfían más del sistema judicial que del sistema educativo. Y quizás tengan razón. Es una lástima que no exista un informe parecido al PISA pero relacionado con la Administración de justicia. Lo más probable es que demostrara que los responsables de los órganos de gobierno de los jueces españoles están muy por debajo de la media de sensatez e independencia de sus colegas de medio mundo y que los tristes indicadores educativos no son nada en comparación con sus propias deficiencias.

Es posible que no se pueda ya hacer gran cosa con la Administración de los jueces de este país y que los ciudadanos terminemos tomando sus cosas con calma y comprendiendo que hacen falta más magistrados, pero que no pasa nada porque las presidencias de las salas del Tribunal Supremo estén vacantes. Si funcionaron sin presidente titular casi un año, ¿por qué no toda la vida? Quizás, terminemos como aquel presentador de la televisión belga que, a principios de los 80, tras un resultado electoral muy complicado y casi un año en el que los partidos no habían sido capaces de formar una coalición de gobierno, abrió un día el telediario con esta frase: "Tenemos que darles una noticia, pero no sabemos si es buena o mala. Bélgica tiene nuevo Gobierno".

Con los niños quizás sea todavía posible corregir errores. Quizás el sistema educativo tenga más esperanzas que el judicial. La ministra de Educación asegura que su nueva ley pretende lograr, entre otros objetivos, que toda la población alcance "las competencias básicas en lectura, escritura y matemática". El problema está, como siempre, en los medios que se pongan para ello. Álvaro Marchesi, uno de los padres de la primera gran reforma educativa socialista, explicó en un artículo en este periódico que "la LOGSE no fue capaz de resolver muchos de los problemas planteados en este tiempo" y que los ocho años de gobierno conservador no mejoraron la situación. Tampoco las comunidades autónomas, todas ellas responsables de la gestión educativa, han sido capaces de dar un impulso eficaz al funcionamiento de sus centros docentes.

El informe PISA demostró algo increíble: un 21% de los chicos y chicas de 15 años, que entraron en la escuela a los seis años, que pasaron nueve meses al año en las aulas, cinco días por semana, seis horas por día (es decir, 9.720 horas como mínimo junto a un maestro o un profesor), no son capaces de leer y escribir con soltura. Nadie quiere admitir esta responsabilidad. Pero sin duda muchos la tienen. Algunos aseguran que la culpa es de los padres que no se preocupan de la educación de sus hijos. Pero durante mucho tiempo la izquierda creyó, precisamente, que la escuela pública servía para dotar a todos los niños de unos conocimientos básicos al margen del nivel cultural de sus padres. Que cuanto menor era el apoyo familiar, mayor debía ser el apoyo escolar.

"No se han puesto ni el esfuerzo ni los recursos necesarios", admite el actual secretario general de Educación, Alejandro Tiana. Bien, ahora es el momento. Ahora Rodríguez Zapatero tiene la ocasión de pasar a la historia no únicamente como el presidente que planteó la ampliación de los estatutos de autonomía, sino como el que logró que los adolescentes españoles supieran leer y escribir y tuvieran una cultura matemática tan básica como la de los adolescentes franceses o alemanes. Olvidémonos de los presidentes de sala. Podemos vivir sin ellos. Ahora hay una nueva oportunidad, la enésima, de que los dos grandes partidos de gobierno, PSOE y PP, se pongan de acuerdo en un ordenamiento educativo capaz de durar, al menos, cuatro legislaturas. Porque si dentro de unos años, el Informe PISA vuelve a decir lo mismo, lo mejor sería dejar de examinar a los niños y pedir un informe sobre la capacidad y responsabilidad de la clase política y dirigente de este país. Sobre el CGPJ, no merece ni la pena. solg@elpais.es