Vivienda propondrá a las comunidades un pacto contra la especulación del suelo

El Gobierno quiere conseguir un gran pacto para combatir la especulación inmobiliaria. El Ministerio de la Vivienda propondrá este mes a comunidades y municipios un acuerdo basado en siete medidas, entre las que destaca una reforma legislativa que permita fijar un precio legal del suelo (el usado como referencia en expropiaciones y operaciones urbanísticas) más acorde con su valor inicial (sin contar con las expectativas de revalorización) y abaratar los terrenos. El Ejecutivo también pedirá un mayor compromiso para que se cedan más solares públicos para viviendas protegidas.

Cada día es más caro comprar piso. El precio de la vivienda se ha disparado casi un 150% desde final de 1997. Para frenar la especulación y facilitar el acceso de las familias a una vivienda, el departamento que dirige María Antonia Trujillo ha elaborado una propuesta de acuerdo para lograr un pacto estatal con comunidades y municipios, con competencias urbanísticas, que ayer fue remitida a sus responsables.

El objetivo de Vivienda es presentar su plan la semana que viene a los directores generales autonómicos en una reunión en Madrid. Tras esta primera toma de contacto, Trujillo prevé convocar una conferencia sectorial la semana siguiente a la que asistirán los consejeros de las comunidades y a la que se invitará a la Federación Española de Municipios y Provincias. La oferta se centra en siete puntos generales:

- Revalorización del terreno. El suelo llega a suponer un 50% del precio de un piso. Para abaratarlo, Vivienda quiere reformar la ley: los criterios legales de valoración del suelo deberán atender a la situación real del bien, sin incluir elementos especulativos. Este cambio tiene muchas posibles y complejas aplicaciones. Por ejemplo, con la ley actual en la mano, si la Administración pretende realizar una actuación pública de viviendas protegidas, para obtener el suelo deberá fijar un justiprecio que deberá incluir el potencial beneficio inmobiliario del desarrollo de esa promoción. Es decir, el propietario está vendiendo en realidad un terreno rústico, por ejemplo, pero el justiprecio tratará esos metros como urbanizables. Y eso pese a que el vendedor no haya invertido ni un euro en el proceso de transformación del suelo (instalaciones de agua, luz, viales...).

El valor legal del suelo sirve de referencia tanto en expropiaciones como a la hora de fijar el reparto de cargas y beneficios en la ejecución de un planeamiento urbanístico. Este cambio permitirá al Estado ahorrarse miles de millones en expropiaciones relacionadas con las grandes infraestructuras, como la alta velocidad ferroviaria. Ahora los propietarios pueden pedir que se les pague una finca rústica a precio de suelo urbanizable.

- Burocracia urbanística. Vivienda propone agilizar los procedimientos de transformación del suelo. Las normas que rigen este proceso deberán atender, según el departamento, a los principios de celeridad, eficacia y seguridad jurídica. Desde que un terreno rústico se convierte en un suelo edificable transcurren de media 10 años.

- Más pisos sociales. El Gobierno también quiere que se destine la mayor cantidad posible de suelo público a viviendas protegidas. Vivienda pretende que todas las administraciones se comprometan a destinar preferentemente los suelos patrimoniales públicos a dotaciones, equipamientos y la construcción de vivienda protegida, según la propuesta. Los pisos protegidos -tienen un precio máximo- suponen el 10% de las viviendas.

- Más información. Otra propuesta consiste en elaborar un inventario público que identifique el suelo urbanizable que hay en España para reforzar los controles sobre este mercado y combatir la especulación.

- Ciudades de calidad y buenas prácticas. Compromiso para un desarrollo sostenible que se centrará en la regeneración de la ciudad ya existente. Otra de las propuestas es que Vivienda divulgue el ejemplo de las mejores prácticas urbanísticas.

- Seguimiento y evaluación. El plan se cierra con la propuesta de que, una vez firmado el gran pacto, las partes se reúnan anualmente para hacer un seguimiento del pacto.