El Parlamento aprueba la mayoría de las leyes de impulso democrático sin el apoyo del PP

Las próximas candidaturas electorales al Parlamento andaluz tendrán que alternar hombres y mujeres para garantizar la paridad; los sueldos, bienes, intereses y actividades de los altos cargos y diputados serán visibles a través de Internet; los contratos de publicidad de más de 30.000 euros serán públicos; los ex presidentes de la Junta tendrá derecho a una pensión vitalicia y los altos cargos de la Administración podrán percibir cesantías. El Parlamento andaluz aprobó estas medidas contenidas en un paquete de cinco leyes. El PP sólo apoyó una, la de la reforma del Consejo Consultivo.

El paquete legislativo del llamado impulso democrático salió adelante sin el concurso del PP, que votó en contra de las leyes de los estatutos de los ex presidentes, incompatibilidades y publicidad institucional, se abstuvo en la ley Electoral que obliga a las listas cremallera en las candidaturas al Parlamento andaluz y se sumó a la del Consejo Consultivo, la única que salió aprobada por unanimidad.

Con el pleno de ayer se pone fin a unas negociaciones que se iniciaron en el mes de septiembre, cuando los cuatro grupos y el Gobierno andaluz acordaron dotarse de nuevas reglas que supusieran mayor control político y transparencia y a las que el PP dio un portazo en el último minuto con el argumento inicial de que no había garantías para su cumplimiento.

Los populares justificaron ayer su negativa a apoyar las citadas normas porque, a su juicio, no son de impulso democrático sino "de bolsillo". A este argumento, los distintos portavoces del PP que intervinieron en los debates unieron otro al hilo de las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Sevilla, donde se han pagado facturas por obras no realizadas a un ex militante socialista vinculado con el caso Juan Guerra.

El PP convirtió el debate, con independencia del contenido de las leyes, en una crítica a la situación de "corrupción generalizada" que existe en Andalucía, en palabras del portavoz del grupo popular, Antonio Sanz. Los socialistas no contestaron en ningún momento a estas acusaciones y defendieron las leyes aprobadas por cuanto suponen mayor transparencia de los poderes públicos.

La tesis en este partido es que si entran en el debate dan carta de naturaleza a las afirmaciones de los populares y tampoco quieren replicar con casos irregulares como el detectado en la zona franca de Cádiz, que implica a miembros del PP, para no caer en "el tú más y peor". Lo que sí resaltaron es que el paquete de leyes estaba apoyado por más del 70% del Parlamento.

No obstante, el portavoz del PSOE, Manuel Gracia, calificó de "fulleros" e "hipócritas" a los parlamentarios populares al proponer medidas que luego no aplican en ninguna de las comunidades en las que gobiernan o al sumarse a una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que permitirá que los altos cargos de las Administraciones públicas puedan tener derecho a una indemnización por desempleo, a la que, sin embargo, se oponen en Andalucía.