No más demoras

Las leyes vigentes de Financiación de los Partidos Políticos y de Régimen Electoral datan de 1987 y 1985, respectivamente. Mucha agua ha corrido desde entonces y, por desgracia, bastante barro. Todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que hay que modificarlas, pero cuando llega el momento se retraen ante el temor de que dañe sus intereses. O bien las discrepancias son tan grandes que se prefiere mirar a otro lado desatendiendo las reiteradas denuncias del Tribunal de Cuentas. Aznar se comprometió en 2000, pero sus palabras se las llevó el viento. Ahora lo hace Zapatero, aunque nada indica que la proposición de ley orgánica sobre financiación de partidos obtenga el consenso parlamentario suficiente ante las resistencias del PP y de los nacionalistas vascos y catalanes.

El PSOE afirma que quiere negociarlo sin demora y cuenta con el respaldo de sus socios Izquierda Unida y Esquerra Republicana. Son estas tres formaciones las más perjudicadas por la actual ley de financiación, que consagra las donaciones anónimas, auténtico agujero negro donde pueden refugiarse comisiones ilegales -el caso 3% aún está muy fresco en Cataluña- y toda suerte de relaciones clientelares.

La propuesta socialista pretende prohibir las donaciones anónimas y de empresas, a lo que siempre se han opuesto PP, CiU y PNV, por entender que de esta forma se recortaría un sustancial flujo de ingresos y se dependería más del Estado. La nueva norma permitiría aportaciones privadas de particulares con identificación previa y un límite anual de 150.000 euros por persona. Hasta ahora esa barrera máxima está fijada en 60.000.

CiU y PNV recibieron conjuntamente entre 1992 y 2001 más de 36 millones de euros, el 60% de todas las donaciones privadas a partidos; el PP sumó 20,4 millones, diez veces más que el PSOE, según los últimos datos auditados por el Tribunal de Cuentas. A la luz de esas cifras se comprenden las resistencias de los más beneficiados, pero ello no justifica el mantenimiento de una norma que facilita toda suerte de trampas contables y zonas de corrupción. Sobre todo a la luz de la generosa financiación pública con la que cuentan los partidos. De ahí que sea igualmente importante la idea del Gobierno de modificar también la Ley de Régimen Electoral, para poner freno al despilfarro de las campañas publicitarias y regular por ley la obligatoriedad de debates electorales televisados. Transparencia en los ingresos y austeridad en el gasto son dos condiciones que los ciudadanos agradecerían en la vida política.