El Centro González Bernáldez y la política ambiental de Madrid

El Centro de Investigaciones Ambientales de la Comunidad de Madrid, CIAM, Fernando González Bernáldez ocupa un precioso edificio cedido por el pueblo serrano de Soto del Real. Fue creado hace casi veinte años por acuerdo entre el Departamento Interuniversitario de Ecología de Madrid y la Comunidad Autónoma y tuvo su primera sede en las dependencias de ese departamento en la Universidad Complutense. El acuerdo revelaba la necesidad de asesoramiento del Gobierno autonómico de entonces sobre la creación y gestión de espacios naturales protegidos y la idea de que la ciencia -los ecólogos de la universidad- ayudara en la tarea.

Se creó una comisión mixta, formada por miembros de aquel departamento y de la Comunidad. El director del centro fue nombrado por acuerdo entre ambas instituciones, así como el personal investigador y becarios incorporados al mismo. Durante la ya larga vida del CIAM se han realizado trabajos de investigación aplicada no desdeñables, gracias a la colaboración con profesores universitarios y a su tutoría de investigadores y becarios del centro. Las bases de la creación de la Red Natura 2000 para Madrid o, recientemente, los estudios de apoyo para el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del inminente Parque Nacional de Guadarrama son algunos ejemplos de ello.

Hoy no parece claro que el Gobierno de esta Comunidad quiera mantener un centro como éste y con ese nombre. No si el convenio ha de depender de la política ambiental de Madrid, de su curiosa perspectiva de la naturaleza y calidad del entorno madrileño y de las maneras de actuar de su Consejería de Medio Ambiente.

La continuidad de este centro ha estado con frecuencia sujeta a peripecias de todo tipo, atribuidas por el Gobierno autonómico de turno a interferencias con las competencias de agricultura, de planificación territorial, de educación..., siempre acompañadas de despidos de investigadores y de becarios inapropiados para los comprometidos fines ambientales del Gobierno. Con el paso del tiempo éste relegaría a un segundo plano el objetivo inicial del centro y su tarea abarcaría la más genérica temática del "medio ambiente" de la Comunidad.

Los últimos gobiernos autonómicos han tenido una equívoca voluntad política de disponer de un centro de información y asesoramiento ambiental para Madrid basado en la aplicación de la ciencia ecológica. Así, en una decisión unilateral, el Gobierno sustituyó al director del centro, nombrando además un subdirector apropiado para sus fines -la universidad accedió al cambio creyendo que ahí terminarían los problemas del Gobierno y que era posible el difícil matrimonio entre la ciencia y la Administración madrileña-. Enseguida, no obstante, fue contratado también cuanto personal consideró conveniente ese Gobierno, de manera que en el CIAM convergen hoy convenios de distintos tipos y entidades, así como fundaciones diversas encargadas de desarrollar diferentes estudios de difícil coordinación.

La continuidad de un centro como el ideado inicialmente radica en que, ante todo, su organización sea independiente. Las decisiones de una comisión mixta deben tomarse de mutuo acuerdo, y si el centro dice llamarse "de investigaciones", algún peso deben tener las opiniones de los científicos. Las decisiones no deben ser impuestas por quien paga porque ningún científico puede admitir esto durante mucho tiempo. Se trata, o debería tratarse, de un centro de investigaciones ambientales aplicadas, no de una consultora ad hoc. Su organización debería producir informes objetivos, basados en la imparcialidad de la ciencia aplicada al medio ambiente. Documentos en mano, el Gobierno autonómico podrá encauzar las directrices políticas que le convengan -algo que podría ser comprensible-, no tomando decisiones de antemano argumentando a posteriori que fueron realizados concienzudos estudios ambientales. Por ejemplo, si este centro fuera consultado sobre la extensión y límites de un futuro parque nacional, las decisiones sobre ello deberían deducirse de los estudios del centro y no al revés. Si en la comisión mixta hubiera técnicos de la propia Comunidad discrepantes con la política ambiental de ésta deberían ser oídos, no apartados también de la comisión. El medio natural de una comunidad autónoma no es patrimonio de ningún cuerpo profesional ni, mucho menos, puede depender de sus rencillas internas. Si el director del centro fuera cesado, su puesto no debería quedar vacante indefinidamente. Si los científicos que tutorizan desde la universidad los trabajos del centro opinan sobre el contenido de éstos, deben ser oídos, no ignorados.

Afrontar el reto ambiental en un territorio como el de Madrid no es una tarea fácil. La conservación de la naturaleza es aquí probablemente más difícil que en ningún otro lugar de España. El espacio madrileño no es el de Cáceres o el de Soria, por señalar territorios todavía ambientalmente afortunados. Precisamente por ello sería más necesaria la ayuda -la consulta- de los expertos. ¿Hacia dónde va, pues, consejero, la penosa política ambiental actual de Madrid?

Fernando González Bernáldez fue un científico empeñado como pocos en la conservación de la naturaleza y la planificación ambiental. Tuvo frecuentes problemas con la administración, pues aceptaba malamente su prepotencia, miopía y sordera ante nuestro celtíbero caos ambiental. Quizá por ello fue admirado por tantos profesionales independientes y comprometidos, por la comunidad conservacionista y por el movimiento ecologista. Como contrapartida, tuvo enemigos tanto en la administración del anterior régimen como en la democrática, siempre personajes de medio pelo, intrigantes de pasillos ministeriales como los que proliferan también hoy en las sedes de partidos y consejerías.

Francisco Díaz Pineda, catedrático de Ecología, es presidente de WWF España-ADENA